La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México se ha convertido en la explanada y carpa del circo capitalino. Entre malabares y payasos, se desarrolla la nueva escena política, que como función principal ha puesto el caso Tláhuac.
Recapitulando el conflicto, el delegado de la demarcación al sur de la ciudad, Rigoberto Salgado, emanado del partido Morena, está envuelto en la polémica luego de las amplias evidencias en su contra por haber encubierto y recibido apoyo de Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, líder abatido del cártel de Tláhuac, lo que ha dejado al descubierto el nivel de podredumbre que se gestaba en la demarcación.
Era casi un secreto a voces. El morenista no sólo permitió que el grupo criminal operara a libertad y discreción en su demarcación, sino que esto fue posible porque el mismo cártel impulsó su candidatura y campaña para delegado. Los grupos de mototaxis y ambulantes, que son parte del grupo de criminales, lo apoyaron abiertamente y enmarcaron sus eventos.
Salgado es un pillo que pactó con narcos los votos y dinero a cambio de protección y plazas, así, desde la candidatura, garantizó la nómina y eso hoy lo confirman los reportes de la misma delegación, así como los contratos adjudicados a sus amigos.
Hoy, con la evidencia y las investigaciones que incriminan directamente a Salgado, como el hecho de que por lo menos cinco familiares de Jesús Pérez estaban en la nómina de la demarcación, se ha desatado un verdadero circo político que fue alojado en la sede de la ALDF.
Pero la función constitucional de la Asamblea Legislativa para remover a los jefes delegacionales por causas graves se ha distorsionado para convertirse en un espectáculo mediático en donde los diputados aprovechan el momento para lanzar señalamientos, acaparar la fotografía y, en general, desvirtuar su propia obligación.
A diferencia de la Cámara de Diputados, en donde se implementan desafueros como procesos jurídicos bajo un marco normativo serio, en la ALDF el proceso se ha convertido en un circo y un show, en donde se denigra la figura del legislador y, por ende, se frivolizan los hechos desviando la atención de lo que se castiga por protagonismos y agendas partidistas.
Lo anterior es consecuencia directa de los propios legisladores involucrados. Muchos de los adalides de la democracia y honestidad, que hoy se manifiestan en el proceso, carecen de la autoridad moral para criticar y cuestionar, pues a reserva de que no tengan vínculos con el narcotráfico, todos tienen una trayectoria política tan manchada como la del propio Salgado.
No puedo creer que el ahora legislador, quien fue delegado de Coyoacán, con cartulina en mano y sonriendo burlonamente a la cámara, exigiera la remoción de Salgado por las irregularidades como en las de desarrollo de vivienda y nepotismo de su administración en Tláhuac, cuando él mismo dejó una estela de corruptelas y tráfico de influencias en su administración.
Sin lugar a dudas, Salgado merece su destino. Debe ser sujeto a un proceso jurídico legal por sus actos y por encubrir a este grupo criminal. Sin embargo, que los verdugos sean elementos de tan manchada trayectoria y que sólo están en busca de raja política, demerita la justicia que habrán de impartir.
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