La vivienda en la Ciudad de México comenzará a modificarse con la reducción de espacios para automóviles y dará paso a una priorización de la movilidad sin coche.

Las nuevas reglas que establece la Norma Técnica Complementaria para el Proyecto Arquitectónico en Materia de Estacionamientos, emitida por el gobierno de la Ciudad de México, tienen aciertos, pero también riesgos que arrojarán consecuencias dispares para los habitantes de la capital.

El nuevo ordenamiento no limita la construcción de cajones de estacionamiento. En vez de corregir una política fallida que en su momento establecía un número mínimo de cajones de estacionamiento por vivienda, esta vez se van a la inversa para imponer ahora un máximo.

Con esta nueva norma se anticipa, por una parte, una reducción en el costo de la vivienda, pues un cajón de estacionamiento representa en ocasiones hasta 40% del precio total del inmueble. Con ello se presume que el beneficio será para los ciudadanos que comprarán vivienda sin espacio para el automóvil.

Sin embargo, hay una contraparte. A las nuevas construcciones se les establecerán límites en el número de cajones de estacionamiento —como presumible estrategia para desincentivar el uso del auto— lo que conllevará, irremediablemente, a un incremento de las viviendas que sí incluyan estos espacios para automóviles.

Como si se tratara de cambios de ánimo, antes se exigía un número mínimo de cajones de estacionamiento por vivienda, ahora se establecen máximos. Los nuevos políticos de la capital pasan de una imprudencia directa a otra.

Áreas de la ciudad que hoy concentran la mayor parte de los empleos, como Polanco, el corredor Reforma o Santa Fe, serán las principales afectadas con el incremento exponencial de las rentas y costos de viviendas. Las familias que requieran de uno o más vehículos para transportarse a sus trabajos ahora pagarán un derecho adicional por su propiedad.

Esta norma dejó a un lado consideraciones que debían ser tomadas en cuenta de manera previa, por ejemplo, el transporte público, el cual hoy no está a la altura para soportar un incremento de su aforo. Pero, eso sí, los ingresos generados por las obligaciones que pagarán las inmobiliarias por los cajones de estacionamiento adicionales se destinarán a un Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial.

Los diputados de la Asamblea Legislativa hoy se enfrentan con un reto adicional. El gobierno de la ciudad establecerá las tarifas que las nuevas edificaciones deberán de pagar por cajones adicionales de estacionamiento —costo que, por supuesto, será trasladado a los compradores— para que sean establecidos en la Ley de Ingresos.

Sin embargo, si de la experiencia hemos aprendido, los fondos creados para, supuestamente, incentivar programas de movilidad y de inversión al transporte público, no han llegado hoy a buen puerto.

La verdadera estrategia para que los ciudadanos dejen de usar el vehículo es un marco jurídico adecuado que mejore su calidad y la inversión constante. Tarea en la cual los legisladores han fallado, y hoy se traslada el costo de ese fallo a los ciudadanos.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/federico-doring/2017/08/13/1181353