Ciudad de México, 12 de diciembre de 2017

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó garantizar la permanencia en la educación y sancionar la violencia escolar, reformando los artículos 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 33, 75 y 76 de la Ley General de Educación.

Al dar el posicionamiento en nombre de Acción Nacional, la diputada Rosario Rodríguez Rubio, sostuvo que el proyecto de ley está orientado a instituir al interés superior de la niñez como parte de los criterios que orientarán a la educación que imparta el Estado, en el sentido de señalar que la educación sería de calidad bajo los principios de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.

Se definen, dijo, la Diputada Panista, en este sentido el acoso escolar, la educación inclusiva y la normalidad mínima. Se establece como una atribución concurrente entre las autoridades federales y locales la elaboración de protocolos de actuación sobre situaciones de acoso escolar, se instaura como una infracción de quienes prestan servicios educativos en realizar, promover, propiciar, tolerar y  no denunciar actos de acoso y violencia escolar.

“Consideramos en Acción Nacional que es necesario impulsar acciones que permitan a las escuelas ofrecer condiciones de seguridad que respeten la dignidad de los estudiantes y contribuyan a su bienestar.

Creemos que las reformas propuestas van en el sentido de lograrlo, por ello estamos a favor de transformar las disposiciones actuales de la Ley General de Educación, de manera que a través de ella se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho y ejerzan su derecho. Ellos tienen derecho a una educación de calidad y en las mejores condiciones posibles”, afirmó la Legisladora en tribuna.

Para finalizar, reconoció que la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes contiene importantes avances en el reconocimiento y protección a los derechos de la niñez y la adolescencia y su  armonización con la Ley General de Educación, sin duda, “abonará al ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo a una mayor equidad educativa y al logro de la efectiva igualdad en las oportunidades, acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos”, concluyó.

El dictamen fue remitido al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

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YMJ