Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2023

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ITZEL JOSEFINA BALDERAS HERNÁNDEZ, PARA FIJAR PORTURA SOBRE EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 34 QUÁTER Y UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 46 TER DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

DIPUTADA ITZEL JOSEFINA BALDERAS HERNÁNDEZ (IJBH):

Con la venia de la presidencia.

Saludo con gusto y respeto a esta Asamblea.

Antes que nada, mi reconocimiento a las y los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, por su trabajo y compromiso para con las mujeres de México.

A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional presento este dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 34 Quáter y 46 Ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El objetivo preponderante de esta reforma es impedir que los violentadores utilicen la casa o bienes patrimoniales como medio para chantajear a las víctimas.

Además de promover a través de la Sedatu facilidades para que las víctimas de violencia adquieran o mejoren su vivienda.

Actualmente, las órdenes de protección emitidas por un juez o jueza, permiten frenar la conducta violenta hacia una mujer.

La desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor es parte de estas medidas de prevención, pero luego esto resulta insuficiente.

Y es que los violentadores después de abandonar el domicilio conyugal, lo que hacen es poner en venta o vender los bienes, incluyendo el menaje del hogar.

Lo anterior con la clara intención de que las víctimas se sientan atadas a sus agresores por miedo a perder su vivienda o su patrimonio.

Hay una deuda histórica con las mujeres en México y con la aprobación de iniciativas como la que el día de hoy promuevo, se sana una mínima parte de las injusticias que vivimos.

Tenemos, señores legisladores y legisladoras, pues mucho trabajo, hay mucho por legislar en favor de la mujer, pero no solamente hay que hacer eso, sino que estamos obligados y obligadas a garantizar a las mujeres mexicanas, acceso a la justicia.

Por eso, impulsar reformas a la ley como la que nos ocupa y al mismo tiempo promover políticas de austeridad al Poder Judicial, resulta totalmente incongruente.

De acuerdo con la plataforma México Evalúa, en nuestro país, solo el 5.2 por ciento de los delitos que se denuncian se logran resolver. La cifra empeora para las mujeres.

Hablar de un recorte al presupuesto del Poder Judicial, perjudica no solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino el acceso a la impartición de justicia que demandamos las mexicanas.

Tengamos presente que la mayoría de las mujeres mexicanas difícilmente podemos pagar un abogado particular.

Por eso hago un llamado a esta Asamblea a no permitir un recorte presupuestal al Poder Judicial porque eso solo nos resultaría o nos restaría la posibilidad de una defensa pública y gratuita.

Las mujeres violentadas requerimos acceso a la justicia, de manera pronta y expedita.

El Poder Judicial no se da abasto y con un recorte a su presupuesto, simplemente las reformas a la ley en favor de la mujer, dejarían de garantizarse.

Es cuanto

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