Ciudad de México, 18 de marzo de 2022

BOLETÍN  132

• Mencionan que el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas es el derecho humano más transgredido en nuestro país, adecúan marco legal para hacerle frente.
• La violencia y discriminación sigue aumentando catastróficamente. No podemos seguir permitiendo la invisibilización de estos delitos: Dip. Ana María Balderas Trejo

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde enero del 2015 hasta la fecha, un total de 13, 464, 586 delitos han ocurrido en nuestro país. En cambio, 17 delitos seleccionados de género reunieron 2, 129, 158 incidencias.

Este es el retrato nacional de la violencia de género, es decir, un retrato que representa el 15.81 del total de la incidencia nacional.

Por ello y con el fin de contar con un marco jurídico en materia de feminicidios y violencia contra la mujer en razón de género, las y los diputados del PAN, presentaron una iniciativa que propone facultar al Congreso de la Unión para estar en condiciones de emitir la legislación penal, procedimental y orgánica en que se unifiquen sistemáticamente los tipos penales, los procedimientos correspondientes, mecanismos preventivos de inteligencia y de indagatoria, técnicas especiales de investigación, derechos de las partes, medidas cautelares, determinaciones institucionales, todo con perspectiva de género.

La diputada Ana María Balderas Trejo, expuso que la propuesta parte en el sentido de concretar un entorno de igualdad, seguridad y plenitud de derechos para las mujeres. “Esta iniciativa busca políticas públicas que disminuyan la brecha de desigualdad y acciones contundentes para la erradicación de la violencia contra la mujer y las niñas”.

“Estas modificaciones permitirían que el Congreso pueda expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros datos, inclusive electoral, así como en materia de feminicidio y violencia contra la mujer”, precisó.

Señaló que, en términos generales, la propuesta de reforma fija las fases para el establecimiento de una política integral en materia de feminicidios y de violencia contra la mujer por razón de género, que permita una acción efectiva y coordinada del Estado mexicano en la prevención, la persecución, la sanción y el combate en su más amplia extensión de estos delitos.

Destacó que el 01 de febrero del 2007 fue expedida la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que contiene previsiones de orden preventivo y de ordenamiento institucional aplicables a los tres niveles de Gobierno; sin embargo, en dicha ley no se establecen tipos penales, puesto que dicha facultad corresponde a las legislaturas estatales, por lo que sus disposiciones son de naturaleza orientadora únicamente.

“Lo anterior, permitirá contar con un marco jurídico en materia de feminicidios y violencia contra la mujer por razón de género, con las siguientes singularidades: uniforme, porque dicho ilícito sería tipificado y sancionado en los mismos términos en todo el país, con enfoque integral del fenómeno al regular la actividad de todas las autoridades que intervienen, desde la policía preventiva hasta el sistema penitenciario y eficiente, en virtud que participarían todas las autoridades del país en su investigación, prevención, combate y sanción, cuyas atribuciones y responsabilidades quedarían delimitadas en dicha ley”, finalizó.

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