Ciudad de México, 29 de abril de 2022

BOLETÍN 160

• Existe evidencia en nuestro país de la necesidad de promover las denuncias de actos de corrupción y proteger a los denunciantes
• La Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI del año 2020, reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos, crecieron 7.5 por ciento, entre 2017 y 2019

En un contexto en el que los actos de corrupción persisten, se multiplican y se hacen evidentes, a pesar de la promesa del actual gobierno de terminar con la misma, desde su primer día, la realidad es que no ha ocurrido, por lo que la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, promueve, mediante un proyecto de ley, incorporar en la legislación mecanismos legales que faciliten e impulsen la denuncia de delitos en materia de corrupción, a través de la protección de los denunciantes.

Lo anterior, mediante un proyecto de ley que adiciona un párrafo a los artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y; un párrafo al artículo 92 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En conferencia de prensa, la también Secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, explicó que lo que se busca, es que  los denunciantes de presuntos hechos de corrupción, se les reconozca la calidad de víctimas, para que se les otorguen los derechos reconocidos en la legislación vigente y, en consecuencia, tengan participación activa en el procedimiento penal y gocen de los derechos correspondientes.

Con esta acción, señaló la legisladora, se estarían protegiendo a los denunciantes y, al mismo tiempo, contribuyendo a mejorar la detección de la corrupción y disuadirla, al reducir el margen que tienen los infractores de confiar en el silencio de las personas a su alrededor.

Acompañada de diversos integrantes de la bancada albiazul, la panista reconoció que el fenómeno de la corrupción es más complejo debido a que, además de participar el gobierno, también hay casos en los que participa la ciudadanía.

Así también, indicó que existe evidencia en nuestro país de la necesidad de promover las denuncias de actos de corrupción y proteger a los denunciantes en las entidades y dependencias de la administración pública de todos los órdenes de Gobierno

Agregó que en el año 2020, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI, reveló que las víctimas de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos, crecieron 7.5 por ciento, entre 2017 y 2019, y el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.2 por ciento de los casos, seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad, con 25 por ciento.

Con esta información, dijo “nos queda claro que, en la función pública, la corrupción es un abuso fundamental de la confianza y de la rendición de cuentas, lo que deriva en la falta de transparencia en el ejercicio del gasto público y, por ende, en malos resultados de la gestión pública que termina afectando a los ciudadanos”.

“¿A quién no le ha pasado que llega a una oficina gubernamental y le piden más requisitos de los que establece la ley? Y, después nos dicen que, si queremos acelerar las cosas, les demos dinero. Somos objeto de sobornos o de ‘mordidas’ situación que ha proliferado en este sexenio”, denunció Pérez-Jaén.

La diputada destacó los principales beneficios de la iniciativa que presentó:

1) A los denunciantes de presuntos hechos de corrupción, se les reconoce la calidad de víctima; 2) Que los denunciantes tengan participación activa en el procedimiento penal y gocen de los derechos correspondientes; 3) Se contribuye a mejorar la detección de la corrupción y disuadirla; 4) Se reduce el margen que tienen los infractores de confiar en el silencio de las personas a su alrededor y; 5) Se estaría coadyuvando, también, a lograr una administración pública más transparente y libre de corrupción.

Para finalizar, Pérez-Jaén señaló que, de aprobarse esta iniciativa, sería un reconocimiento a las decisiones del Poder Judicial que buscan un equilibrio de los derechos procesales de las personas denunciantes para incluirlo en la normatividad vigente.

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