Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de mayo de 2022.

Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, anunció que los diputados federales del PAN presentarán una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se investiguen las fallas en la Estrategia Nacional de Vacunación, tales como la caducidad de 14 milllones de vacunas almacenadas y que podrían quedar inservibles, la falta de transparencia en los contratos con las farmacéuticas y la negativa a vacunar menores de edad, a fin de que se investiguen las irregularidades y se presenten las sanciones en contra de los funcionarios que acturaron con negligencia criminal.

La denuncia es en contra de los titulares del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, respecto de los errores e irregularidades de la Estrategia Nacional de Vacunación contra COVID19, situación con la cual, se está vulnerando el derecho a la protección de la salud y existen posibles afectaciones al gasto público, principalmente debido a que, millones de pesos invertidos en la adquisición de vacunas que están próximas a caducar, podrían haberse tirado a la basura; por lo que, los servidores publicos anteriormente referidos incumplen con un mandato derivado de la ley, propio de su cargo, funciones y atribuciones que deben sancionarse,- se detalla en el documento que se está preparando.

Mientras millones de vacunas están próximas a caducar, niños y adolescentes han enfrentado la pandemia en total desprotección del gobierno federal, pues se han empeñado en decir que son poco afectados por el coronavirus y que por ello no hay necesidad de vacunarlos contra este virus.

Los amparos presentados por padres de familia para que el gobierno aplique el biológico a niñas, niños y adolescentes, son una muestra clara de que la política de vacunación no está funcionando, a pesar de que se tienen los recursos para comprar las vacunas y millones de dósis en almacenamiento desde hace meses.

En nuestro país 24 de junio de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia del fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech para ser administrado a mayores de 12 años y ya hay evidencia de su uso para mayores de 5 años.  Los niños y adolescentes de nuestro país tienen derecho a la protección de la salud y no se les puede excluir de la vacunación contra el SARS CoV 2, máxime cuando existen vacunas autorizadas para aplicarse y, como se ha reiterado, hay dósis disponibles almacenadas. 

Por otra parte, el gobierno federal está ocultando la información de los contratos para la compra de vacunas, al declararlos confidenciales y clasificarlos como materia de seguridad nacional de manera arbitraria y sin cumplir con los elementos mínimos del marco legal en materia de transparencia. La pésima gestión de la federación motiva a las autoridades federales a mantener en opacidad información de interés nacional. ¿Qué quieren ocultar?

Sen han ingresado solicitudes de información a diversas instituciones, como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para conocer los detalles de los contratos con las empresas farmacéuticas; sin embargo, los Comités de Transparencia de las Secretarías clasifican la información como confidencial y reservada por motivos de seguridad nacional. Por lo que nadie podrá conocer los detalles de cuantas dosis se adquirieron en realidad,  la caducidad que ahora es un problema enorme, las fechas de entrega o los montos erogados para traer las vacunas a México.

Seguimos necesitando transparencia en los contratos de las vacunas, para saber cuántas llegarán al país en los próximos meses, la cantidad exacta de aquellas que están almacenadas y si tendremos disponibilidad a largo plazo, además, claro está, de saber el costo que se pagó por ellas.

El gobierno federal anunció en abril de 2022 una campaña de vacunación “extraordinaria”, en pleno proceso de revocación de mandato, aún cuando desde el gobierno federal se ha reiterado que la pandemia ya no representa un riesgo, e incluso se ha alentado la relajación de las medidas de protección efectivas, como la eliminación del uso de cubrebocas.

Durante meses se mantuvieron millones de vacunas guardadas, antes del anunció de la vacunación extraordinaria de abril había más de 30 de dosis sin utilizar; sin embargo, ante la necesidad de incrementar la aprobación presidencial y ante la fecha próxima de caducidad de las vacunas, se apresuraron a instalar puntos de vacunación en espacios públicos y ofrecer una cuarta dósis a la población brindando todo tipo de facilidades, lo que no se hizo durante los meses más delicados de la pandemia.

México ha firmado contratos con laboratorios internacionales y convenios bilaterales y multilaterales para la compra anticipada de vacunas contra la COVID-19, de acuerdo con los reportes de la Organización Panaméricana de la Salud (OPS)[1], cuanto al mecanismo multilateral COVAX, desde el primer embarque entregado a México en abril de 2021, se han recibido 5,532,000 dosis de AstraZeneca y 1,031,940 dosis de Pfizer; con la recepción de estos nuevos embarques se alcanza el 47.7% de un total de 51,573,200 contratadas, con las que se tendrá capacidad para inmunizar a 25.75 millones de personas en el país: el 20% de la población.

Sin embargo, ahora han surgido muchas dudas acerca de la utilidad de las vacunas entregadas por la vía del mecanismo COVAX, derivado de su fecha caducidad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y COFEPRIS, se ha informado de la próxima caducidad de más de 14 millones y medio de dosis de vacuna de AstraZeneca. En primer lugar, se detallaba que los lotes de vacunas que estaban destinadas a caducar en "abril 2022", pero ahora caducarán desde el próximo 14 de mayo y en fechas cercanas posteriores.

Resulta incomprensible que la federación tenga almacenadas más de 14 millones de dosis; y a días de vencer su caducidad, las están aplicando con toda urgencia, en espacios públicos, como no ocurrió durante la parte más letal de la pandemia, lo que refleja la falta de capacidad de planeación y la negligencia de las autoridades de salud federales.

Es urgente que la Auditoría Superior de la Federación investigue que pasará con esa gran cantidad de dósis que posiblemente no se administrarán, e inicie una investigación para verificar si la negligencia en la administración de estos lotes constituye un daño patrimonial a la hacienda pública y una violación del derecho a la salud para la población, sobre todo menores de edad, que no han sido vacunados.