Ciudad de México, 11 de mayo de 2022

?    A través de un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución ante la Comisión Permanente, el legislador panista pone en duda la actuación de la SFP ante el evidente tráfico de influencias de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente con la petrolera Baker Hughes y Grupo Vidanta.
 

Al considerar que el Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, exoneró del tráfico de influencias y su inexplicable riqueza a José Ramón López Beltrán con la empresa petrolera Baker Hughes y Grupo Vidanta, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, pidió la comparecencia del titular de la SFP ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
 

Téllez Hernández lamentó que las instituciones del gobierno federal sólo se utilicen para investigar a quienes considera sus “enemigos”; pero no se toca con alguna investigación seria a familiares y personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, involucrados en evidentes casos de corrupción.
 

“El Secretario de la Función Pública debe explicar a esta soberanía las razones de su acuerdo de conclusión a las investigaciones sobre este tema, pues resulta sospechoso y tendencioso que las sanciones se apliquen para algunos y que para estos personajes evidentemente allegados a la figura presidencial parezcan intocables, la justicia es a todas luces de carácter selectivo”, aseveró.

El diputado panista recordó que en distintas ocasiones ha sido cuestionada la inexplicable riqueza de los hijos del presidente; los lujos con los que viven y exhiben dentro del jet set; pero más delicado aún, que José Ramón López Beltrán sea beneficiario del apoyo de la petrolera transnacional que de acuerdo a investigaciones periodísticas aumentó sus contratos con Pemex de 66 a 343 millones de dólares durante la presente administración federal.

“A pesar de la necesidad de que se realizara una investigación exhaustiva sobre el conflicto de intereses y red de influyentismo que nace en la oficina presidencial, la Secretaría de la Función Pública exoneró al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su hijo José Ramón López Beltrán, y al empresario Daniel Chávez, por posible conflicto de interés, cohecho y soborno", abundó.

Según la investigación, José Ramón López Beltrán vivió en una mansión en Conroe, Texas, cuyo propietario solía ser Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, posteriormente se mudó a una residencia en la localidad de Cypress en el condado de Harris que está a nombre de su esposa.

Sostuvo que la SFP dio a conocer que recibió una solicitud para investigar las posibles faltas administrativas, relacionadas con la relación laboral que tiene el hijo mayor del Ejecutivo federal con una empresa de los hijos de Daniel Chávez Morán, quien es asesor en el proyecto del Tren Maya, el cual es una obra insignia del gobierno actual. 

En cuanto a los señalamientos a la empresa KEI Partners, donde trabajan los hijos de Chávez Morán, la SFP expuso que no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la Administración Pública Federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional.

Con base en las evidencias, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP emitió el "Acuerdo de Conclusión por Falta de Elementos", es decir, concluyó la investigación al carecer de pruebas de la denuncia administrativa. 

“Esta resolución no hace más que acrecentar la sensación de que la lucha anticorrupción es solo contra los opositores del movimiento encabezado por López Obrador. El manto protector del presidente a su círculo cercano obstruye la impartición de justicia en este país y es una farsa la supuesta lucha contra la corrupción”, concluyó Téllez Hernández.

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