“Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 agosto de 2022.

Con la creación del nuevo organismo IMSS BIENESTAR por decretazo, no hay un cambio que beneficie a la población sin seguridad social; no se resuelve el problema de falta de atención médica, no hay más recursos para inversión en nuevas unidades médicas y hospitales, no hay claridad en el nivel de atención de alta especialidad, no se atiende la falta de medicamentos. Solamente hay un cambio de roles, para que el control político, burocrático y presupuestal pase de Juan Ferrer director del INSABI, a Zoé Robledo del IMSS.

El IMSS BIENESTAR nace muerto, sin recursos: el artículo 1 del decreto dice que el nuevo organismo no tendrá un solo peso adicional para operar, que no se autorizarán nuevos recursos y deberá operar sujetándose a su disponibilidad presupuestaria, otra vez el austericidio para la salud.

Además, el decretazo carece de legalidad: La creación del organismo descentralizado duplica funciones del INSABI, por lo que, debió hacerse por mandato de ley, no con un decretazo; ahora tenemos dos instituciones con mismas responsabilidades e incompatibles entre sí.

Este decreto parece una acción desesperada que trata de justificar la fallida política de salud en nuestro país, en el fondo, representa el fracaso del INSABI, el fracaso de la institución insignia de la cuarta transformación en materia de salud.

Por lo pronto, seguirá la incertidumbre que caracteriza al sistema de salud desde la desaparición del Seguro Popular; en el decreto, omiten deliberadamente las obligaciones del INSABI establecidas en la ley y en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que, con un nuevo organismo, habrá confusión, duplicidad de funciones y hasta doble gasto operativo

Lo más grave es que no hay garantía de atención para la población sin seguridad social: No puntualizan quien dará tercer nivel de atención a los pacientes, es decir, las enfermedades de alto costo que requieren financiamiento del FONSABI, por lo que, ante la ausencia de servicios públicos, las familias seguirán arruinando su economía al tener que recurrir al gasto de bolsillo.

Habrá dos modelos de atención: el del “IMSS” y el de “Bienestar”, lo que creará incertidumbre respecto de los servicios a los que accederán los beneficiarios, lo que va a fragmentar aún más nuestro sistema de salud.

El decreto genera una gran duda sobre el financiamiento de las acciones para atender el derecho a la protección de la salud, las entidades federativas que ya transfieren los recursos al INSABI para atención de la población sin seguridad social, en términos de la Ley General de Salud y de los convenios respectivos; ahora deberán transferir esos mismos recursos al nuevo organismo.

Ante la falta de un padrón de beneficiarios del INSABI, ahora las personas que busquen la atención médica podrán recurrir a los servicios de estatales y ahora de IMSS Bienestar también, lo que generará duplicidades e ineficiencias, pues no se establecen los mecanismos de referencia y contra referencia entre dichos servicios, ni aquellos que permitan un seguimiento estricto de la salud de los beneficiarios.

También hay un grave atentado contra la soberanía de los estados, puesto que, se eliminan las atribuciones de las autoridades locales; como en el INSABI que la centralización fracasó y el IMSS BIENESTAR con la misma formula que advierte otro fracaso.

El decreto invade competencias que son materia local como: el financiamiento, las relaciones laborales de los trabajadores, la prestación de servicios, la prevención de enfermedades, la vigilancia epidemiológica, mismas que deben estar reguladas por las leyes estatales.

Se omite colaboraciones del sector privado y social, que son esquemas de apoyo muy valiosos, con organizaciones civiles como FUCAM, o con el sector privado, que no serán tomadas en cuenta.

Por otra parte, se deja en incertidumbre laboral a los trabajadores, ya que el IMSS-BIENESTAR no será responsable de las obligaciones pensionarias, ni de otras obligaciones derivadas de resoluciones legales de sus actuales trabajadores, la responsabilidad irá a los gobiernos estatales.

Es claro que el nuevo organismo no contribuye a crear un sistema público de salud único como se expone en los considerandos del decreto, por el contrario, creará mayor fragmentación y complejidad en la operación del sistema de salud para la población sin seguridad social, que se reflejará en la calidad de atención que reciben los pacientes, ya que al igual que el INSABI, con el IMSS BIENESTAR, no habrá garantía de atención, ni de medicamentos.

Tenemos una nueva ocurrencia, otro decretazo para seguir experimentando con la salud de México, evidencia clara de que fracasó la propuesta en materia de salud del gobierno federal.