COFEPRIS y SENASICA ya NO estarán obligados a asegurar la calidad, caducidad y seguridad de los alimentos; millones de mexicanos quedarán expuestos a alimentos contaminados y a contraer enfermedades.

4 de octubre de 2022.

La ley obliga de manera estricta a implementar mecanismos de control sanitario de los alimentos en todo el territorio nacional, puesto que, la salud de millones correría peligro si llegan al país alimentos en mal estado o contaminados; se requiere de un proceso técnico a cargo de las instuticiones sanitarias, COFEPRIS y SENASICA, para garantizar que los alimentos que consumen los mexicanos son aptos para consumo humano.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)[1], los sistemas nacionales de control alimentario velan por que los alimentos disponibles en un país sean inocuos, sanos y aptos para el consumo humano y por un etiquetado honesto y preciso de conformidad con lo establecido en la ley.

Por lo tanto, estos sistemas protegen la salud y seguridad de los consumidores, tanto nacionales como extranjeros, y por ello, los principales objetivos de los sistemas nacionales de control de los alimentos son los siguientes:

• Proteger la salud pública reduciendo el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos;
• Proteger a los consumidores de alimentos insalubres, malsanos, indebidamente etiquetados o adulterados;
• Contribuir al desarrollo económico manteniendo la confianza de los consumidores en el sistema alimentario y estableciendo una base normativa sólida para el comercio nacional e internacional de alimentos.

En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS)[2] menciona que, las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados.

Siendo que, los alimentos contaminados pueden causar desde diarrea grave o infecciones debilitantes, como la meningitis, pasando por intoxicaciones agudas o hasta enfermedades de larga duración, como el cáncer.

El control sanitario de los alimentos y productos para su obtención es indispensable para la población, por ejemplo, en el caso de la “gripe aviar”[3], cuando se produce un brote, la verificación de las autoridades sanitarias puede llevar a sacrificar a todas las aves de corral, tanto infectadas como sanas, con el fin de contener la propagación de esta enfermedad. Con el acuerdo que pretende implementar el gobierno federal, no habría garantía de que los productores por su cuenta van a tener la capacidad o la voluntad de proteger la salud de la población a costa de sus intereses económicos.

Se requieren de instituciones técnicas, autónomas, con capacidad de gestión y supervisión, que puedan proteger nuestra salud; pero, por el contrario, el Presidente se empeña en destruir instituciones como COFEPRIS o SENASICA, para ahorrarse costos y poder utilizar esos recursos en sus proyectos faraónicos.

Mientras en el mundo el control de los peligros derivados de los alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria ha pasado a desempeñar un papel esencial, el gobierno federal ha demostrado que, por ahorrarse dinero, no le importa el tipo de alimentos que llegan a las mesas de las familias, ni poner en riesgo la salud de los mexicanos.

Ahora, con la suspensión de las normas que rigen la supervisión de la seguridad y calidad de los alimentos, habrá riesgo de que lleguen al país productos contaminados, caducados, no aptos para su consumo, que representan un riesgo sanitario y que pueden poner en riesgo millones de vidas, propagar enfermedades y hasta generar desconfianza en el mundo, por lo que nuestros productos serían rechazados en el mercado internacional.

Esa política de relajación de las medidas de regulación sanitaria ya lo experimentamos hace meses en el abasto de medicamentos; la Secretaría de Salud y COFEPRIS dejaron de hacer su trabajo y de inmediato llegaron a México medicamentos de dudosa procedencia, empaquetados en idiomas extranjeros como el lituano y con las fechas de caducidad vencidas, que llegaron a poner en riesgo la vida de personas que los consumieron.

Si se deja de ejercer el control sanitario de los alimentos el gobierno federal estará incurriendo en una grave violación a la ley, que deberá ser castigada y tener consecuencias para los servidores públicos que incumplan en su deber de proteger la salud de la población.

Exigimos al gobierno federal que cumpla con la ley, más cuando se trata de garantizar la salud de la población, ningún acuerdo de carácter administrativo puede eliminar el control sanitario de los alimentos, sería catastrófico para la salud de millones y podría generar consecuencias para el país en materia económica, que lejos de resolver el problema de la inflación, generarían más costos sociales.