Proponen reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para poner reglas claras en la compra y distribución de medicamentos, ante el fracaso de instituciones como el INSABI, la oficialía mayor de la SHCP y UNOPS.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 20222

• A consecuencia de los atrasos de la UNOPS y el INSABI, para atender el desabasto de medicamentos se realizaron compras de emergencia por adjudicación directa, sin transparencia, con precios mayores y de manera desordenada.

• 130 millones de dólares, unos 2 mil 700 millones de pesos, costó el capricho del presidente para contratar a la UNOPS, solamente por gastos de operación, pese a sus malos resultados.

• Debe haber sanciones para los funcionarios que actuaron con negligencia criminal en el manejo de, al menos, 7 mil millones de pesos para la salud. 

• Además, se propone reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para transparentar los contratos y los recursos entregados a la UNOPS por parte del gobierno federal.

Desde que inició esta administración la falta de medicamentos en las instituciones públicas de salud han sido contante, se comprometieron a solucionarlo con un “nuevo” sistema de compra internacional a través de la UNOPS, en el que prometían a combatir la corrupción, sin embargo, dicho mecanismo resultó más caro y más opaco, por lo que, ahora, dicen que la UNOPS ya no es necesaria.

El Instituto Farmacéutico (INEFAM)[1] estima sobrecostos por 4,549 millones en el abasto de medicamentos por culpa de las fallas en el convenio con la UNOPS. Además, como ha documentado el IMCO, a pesar de que la UNOPS está haciendo uso de recursos públicos, no está definido el grado de aplicación de la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (LGTAIP) y tampoco pueden ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, es decir, no existen mecanismos claros para transparentar estas compras^[2]. Se prometió transparencia, pero se entregó mayor opacidad y menor abasto.

El fracaso de la compra de medicamentos con la UNOPS conlleva un grave daño patrimonial, puesto que, solamente el costó de operación nos generó un gasto como país de 130 millones de dólares, lo que en moneda nacional equivale a unos 2 mil 700 millones de pesos, a lo que hay que agregar los costos adicionales por el retraso en las contrataciones.

Por lo que, sumando los costos de recuperación de la UNOPS y los recursos adicionales que se tuvieron que invertir para atender el desabasto, al menos, hubo negligencia criminal en el manejo de 7 mil millones de pesos para la salud.

Y mientras el gobierno tiraba millones de dólares en su aventura con la UNOPS, los pacientes que acuden a los hospitales y a los Institutos Nacionales de Salud tienen que comprar en las farmacias muchas de las medicinas que requieren, dado que no están disponibles en el sector público.

Ante el aununcio de la cancelación del convenio con la UNOPS que realizó Juan Ferrer en su comparecencia ante la Comisión de Salud, los Diputados del PAN demandamos al INSABI presentar un informe detallado sobre todas las compras de medicamentos que se han realizado entre 2020 y lo que va del 2022, así como los recursos ejercidos y el pago realizado a la UNOPS, que de acuerdo a lo comprometido, se eleva hasta los 130 millones de dólares solo por concepto de gastos de gestión.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del PAN presentó iniciativa que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para:

• Definir las reglas para la salida del convenio con la UNOPS, a fin de eliminar la discrecionalidad y opacidad con la que se maneja el INSABI, además de revisar la cantidad de recursos que todavía tendrán que ser entregados a la institución internacional por el pago de sus servicios, ya que se pactaron obligaciones hasta 2024.
• Transparentar las compras que se hicieron con UNOPS y hacerlas sujetas a evaluaciones independientes, a fin de determinar si deben aplicarse sanciones por malos manejos de los recursos y los atrasos en el abasto de medicamentos.  
• Establecer protocolos para realizar compras públicas en situaciones de emergencia, que empaten un esquema ágil y expedito para resolver contingencias, pero a la vez que contemplen mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y evaluaciones; prefiriendo optar en todo caso por la aplicación de la ley y la licitación pública como forma de contratación.