Ciudad de México, 15 de agosto de 2023.
- El anuncio de reducir hasta en 25 mil mdp al presupuesto al Poder Judicial de la Federación es contradictorio cuando se necesitan mayores recursos para poner en marcha el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Debilitar a los órganos autónomos e instituciones que no se apegan a los caprichos presidenciales a través del castigo en sus necesidades presupuestales se ha vuelto la constante de la autoproclamada cuarta transformación, afirmó el diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Héctor Saúl Téllez, al referirse al anuncio de Morena para reducir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el 2024.
El legislador panista, destacó que organismos como el INE, el INAI y otros organismos autónomos, han sido objeto de recortes presupuestales para debilitarlos o tratar de desaparecerlos, al representar una amenaza a las imposiciones del jefe del Ejecutivo, lo cual es preocupante y contradictorio que ahora los diputados oficialistas propongan reducir el presupuesto al Poder Judicial de la Federación.
“Resulta contradictorio que los diputados oficialistas estén planteando la posibilidad de realizar un recorte de 25 mil millones de pesos cuando este año se aprobó en la Cámara de Diputados el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyas necesidades presupuestales para echarlo a andar ascienden a cuando menos 26 mil 809 millones de pesos, según la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia”, explicó.
Téllez Hernández recordó que el Poder Judicial cuenta para este ejercicio fiscal con un presupuesto que asciende a 77 mil 544 millones de pesos, cifra 6.5% superior, en términos nominales, al gasto autorizado para 2022. Esto, pese al recorte por 1,425 millones pesos aplicado por la Cámara de Diputados.
Abundó que el Poder Judicial solicitó en su proyecto presupuestal para el ejercicio fiscal de 2023 que la Cámara de Diputados aprobara un monto de cinco mil 733.9 millones de pesos; una variación nominal superior en 8.5% al gasto por cinco mil 284.9 millones de pesos asignado para el año 2022, petición que fue denegada por los diputados federales.
Por el contrario, de acuerdo con el decreto de PEF 2023, se decidió ajustar el gasto del Poder Judicial y lo redujo en mil 425 millones de pesos respecto del proyecto solicitado originalmente.
Dicha solicitud se hizo para culminar en 2023 la implementación de la reforma laboral; para la instalación de la tercera etapa de los Tribunales Laborales, en coordinación con el Poder Ejecutivo que está instalando Oficinas Delegacionales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
“Es grave que bajo el pretexto de que existen excesos o gastos no indispensables, la constante de los legisladores de Morena y sus aliados sea el castigo con la reducción presupuestal a órganos e instituciones que no se apegan a los caprichos presidenciales o representan algún riesgo para el gobierno de un solo hombre”, concluyó.
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