Ciudad de México, a 29 de marzo de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ANA TERESA ARANDA OROZCO, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE PENALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE PERSECUCIÓN POR RAZONES POLÍTICAS.

DIPUTADA ANA TERESA ARANDA OROZCO (ATAO): Con su venia, señora presidenta, adelante.

La justicia penal vive en México horas negras. De manera cotidiana, desde el poder, se ordena la fabricación de delitos y culpables, y se violenta de manera sistemática el debido proceso y la presunción de inocencia.

Casos como el de Ricardo Anaya, el de Francisco Cabeza de Vaca y decenas más, son muestra clara de que este Gobierno ha optado por la fórmula dictatorial de aplicar justicia de manera selectiva.

Fiel al manual del autócrata, la expresión presidencial cotidiana ha sido la de dividir y sembrar discordia entre los mexicanos. Y, en ese afán, utiliza la justicia al servicio de los intereses del grupo en el poder.

Han sido tales el desaseo y la manipulación de la justicia, que ahora revientan distintos escándalos en el seno mismo de la Presidencia, con acusaciones cruzadas entre altísimos servidores públicos y ministros que pertenecen a la cofradía obradorista. Y es que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde.

En este contexto, es que se vulnera de manera sistemática el principio de presunción de inocencia. En la mañanera, una y otra vez, se acusa y sentencia académicos, políticos, periodistas, empresarios, activistas; señalándoles diversos ilícitos, abusando del poder que le confiere al Presidente su investidura.

Lo anterior, constituye una grave y sistemática violación al Estado de Derecho.

Caso emblemático es el de Alejandra Cuevas, cuyo desenlace desnuda totalmente al Fiscal y ha puesto entredicho la impartición de justicia.

Mientras existe un gran activismo de las autoridades para perseguir e incluso poner en estado de sitio y neutralizar opositores, la verdadera razón de la Fiscalía y de la Guardia Nacional siguen sin cumplirse.

El Gobierno de México ha optado por una política de brazos caídos ante las actividades del crimen, propiciando su avance y consolidación.

La presente iniciativa propone adicionar en el Código Penal Federal el tipo penal de desvío de poder que describe una conducta anómala que se verifique en la utilización discrecional por parte de servidores públicos de alguna de sus facultades para afectar los derechos de una persona alguna.

Y se impulsa la visión de dos fracciones: una, por ordenar o disponer la apertura de una carpeta de investigación sin que preceda denuncia querella, causando daño o menoscabo indebido a los derechos de otra persona, como se ha visto en estos tres años, se ha convertido en una práctica recurrente y; la otra, por señalar, exhibir o expresarse, de manera que se vulnere la presunción de inocencia sin que hubiese condena por virtud de sentencia firme.

La utilización de las altas investiduras del servicio público, especialmente la del Presidente, para atacar a los ciudadanos, debe ser combatida de manera rotunda.

Necesitamos restaurar en México el Estado de Derecho.

Es cuanto.

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