Ciudad de México, a 07 de abril del 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MARTÍNEZ, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MARTÍNEZ (LZM): Con su permiso, presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores:

La iniciativa que hoy presento, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene que ver con uno de los problemas más sentidos de nuestra sociedad, que es la corrupción, ya que esta genera un creciente debilitamiento de las instituciones del Estado, vulnerando de esta forma a los sistemas judiciales y políticos, lo que provoca una mayor desconfianza de la sociedad hacia sus gobernantes.

Por ello, en Acción Nacional, estamos convencidos de que la corrupción que tanto está dañando a nuestro país, sólo podrá combatirse con el respeto irrestricto de la ley y en la aplicación de una política de Cero Tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Por ello, estoy proponiendo reformar el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para permitirle un mayor rango de acción a las secretarías o de los órganos internos de control encargados de aplicar sanciones administrativas, a aquellos servidores públicos que cometan faltas en su labor. Así, buscamos aumentar el tiempo en el que puedan prescribir las faltas administrativas, pasando de 3 a 6 años para las faltas no graves y de 7 a 12 años para las faltas consideradas graves.

Lo anterior, es atenderse toda vez que, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, publicado por Transparencia Internacional, México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCD. Mientras que en el 2006 al 2012, México estuvo en la posición número 70.

Esta corrupción no sólo debilita las instituciones, también representa un golpe duro para las familias, ya que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, realizada por el INEGI, señala que, en el 2019, el costo total de la corrupción, en la realización de pagos, trámites o solicitudes de los servicios públicos y otros contactos con autoridades, fue de 12,770 millones de pesos, una cifra muy alta.

Como representantes ciudadanos, no podemos dejar de notar que para la actual administración, el combate a la corrupción se ha quedado en el discurso y no en acciones que combatan verdaderamente.

Ejemplo de lo anterior, lo encontramos en la aplicación selectiva de la justicia, ya que hemos sido testigos de múltiples casos de corrupción en la actual administración. Un ejemplo de ello es la actual Secretaria de Educación, que le quitaba parte de su sueldo a los trabajadores de Texcoco para financiar a su partido político, caso que no ha sido castigado y, peor aún, ha sido minimizado por la actual administración.

También tenemos que recordar la opacidad con que este Gobierno ha manejado las obras emblemáticas, basta con mencionar el decretazo, con el que el Presidente pretendía prohibir a la ciudadanía acceder a la información de las obras realizadas por el Gobierno mexicano, ahora sabemos el por qué.

Diversos contratos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles fueron entregados por el Ejército a empresas fantasmas, compañías con la sombra del desvío de dinero y varias cosas turbias. Se suman a estos casos, el INEGI ha señalado que tan sólo en el 2019 y en la actual administración, 15.7% de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos, fueron víctimas de corrupción y de 6154 servidores públicos fueron sancionados, de los cuáles 44.6% estaban adscritos a instituciones de la administración pública federal y 55.4 a las administraciones públicas estatales.

Desafortunadamente estos casos, junto con el de muchos otros, como el de Ana Guevara, en CONADE, las casas de Manuel Bartlett o la propia Casa Gris del hijo del Presidente, corren el riesgo de nunca ser juzgadas y sancionadas, ya que las faltas de servidores públicos tienen caducidad, y es precisamente esta caducidad la que hace prácticamente que no sean acusados, investigados y sancionados durante la presente administración, es decir con sus cuates.

Con las reformas propuestas buscamos mejorar el actual de las autoridades competentes como eficaces garantes de la legalidad del servicio público, y con ello estaremos fortaleciendo nuestras instituciones de cara a la ciudadanía.

Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional asumimos el compromiso de combatir a la corrupción de cara a la ciudadanía, y con ello contribuir en la construcción de esta patria ordenada y generosa que merecemos.

Es cuanto.

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