Ciudad de México, 26 de abril de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ANNIA SARAHÍ GÓMEZ CÁRDENAS, PARA FIJAR LA POSTURA DE SU GRUPO PARLAMENTARIO EN EL DICTAMEN QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS; EN MATERIA DE CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN HUMANA.

DIPUTADA ANNIA SARAHÍ GÓMEZ CÁRDENAS (ASGC): Gracias, presidente.

Quiero desde esta tribuna enviar toda mi solidaridad a los familiares de María Fernanda Contreras, a los familiares de Debanhi Escobar y a las familias de miles y miles de desaparecidas y desaparecidos en nuestro país.

Nuestro país está herido. Ningún Estado democrático de derecho debería tolerar que se cometa esta práctica tan cruel, inhumana y perversa como es la desaparición de personas. Los motivos por los cuales se lleva a cabo esta práctica son diversos, el análisis y el recuento de cómo hemos llegado hasta este momento es importante, pero lo es más trabajar unidos para combatirlo.

La inseguridad e impunidad que prevalece en el país han hecho que la desaparición forzada de personas incremente y no se atienda adecuadamente. Son muchos y muy fuertes las voces que exigen atención por parte de todos los órdenes de gobierno, ojo, de todos los órdenes de gobierno.

Por eso este dictamen contribuye a aportar instrumentos que auxilien a los responsables de la búsqueda de personas, a contar con herramientas para el adecuado y eficaz desempeño de su trabajo. Son varios los estados donde la práctica se ha impuesto, son innumerables las historias de terror que los familiares cuentan y ha sido incansable su lucha por conocer el paradero de sus seres queridos, pues este delito azota a jóvenes, niñas, mujeres, adultos de todas las condiciones socioeconómicas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que México está adherido, determina que el derecho a la verdad incluye el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos del Estado el esclarecimiento de todo hecho violatorio a las leyes, así como el afincamiento de las responsabilidades correspondientes. Dicho derecho alcanza la obligación a la búsqueda e identificación de personas desconocidas y, por tanto, los estados tienen la obligación de realizar de oficio la búsqueda efectiva del paradero de cualquier víctima desaparecida en el país. Ojalá que el gobierno del estado de Nuevo León esté escuchando esto.

Las comisiones dictaminadoras coincidieron en la complejidad del crimen y grave violación a los derechos humanos, que significa la desaparición, independientemente del delito por el cual esté desaparecida, sea desaparición forzada por particulares, secuestro, trata, sustracción de menores, reclutamiento forzado, feminicidio, ya que viola todo tipo de derechos, no solo de la persona desaparecida, sino de sus familiares, pues cuando se comete una desaparición nos encontramos con una situación en la que existe una persona respecto a quién se desconoce su paradero, misma que no tiene ningún recurso para que sus derechos sean salvaguardados, ya que la persona es sustraída de la protección de la ley e imposibilidad de disfrutar de sus derechos.

Coincido totalmente con quienes han dicho aquí que este grave problema que azota a nuestro país no debería politizarse. Sin embargo, me parece una gran irresponsabilidad, una gran irresponsabilidad de todos aquí, de esta asamblea, el no mencionar y no exigir que se haga el trabajo como debe hacerse, el no exigir un alto a la impunidad, a la falta de tacto, a la falta de seriedad de algunos que están tomando decisiones en estos momentos en nuestro país.

El estado de Nuevo León es un caso. Han sido ya muchos casos que han llevado a la ciudadanía a exigir a sus autoridades la atención ante delitos que deben ser castigados. Incluso, han tenido que ser los propios familiares los que han tenido que salir a buscar a sus desaparecidos.

Aprobemos esta reforma, sí, demos instrumentos básicos a las autoridades encargadas de atender los delitos, pero que sea junto con un incremento en el presupuesto en estas medidas que hoy vamos a aprobar, pero que sea también con una exigencia fuerte para poner un alto al discurso de odio al que nos enfrentamos las y los mexicanos todos los días a las 7 de la mañana.

Porque, señoras y señores, combatir el problema de la desaparición tiene desde una estrategia de prevención integral y prevenir va más allá de solamente aprobar un dictamen. Prevenir tiene que ver con lo que nosotros predicamos allá afuera con nuestros representados.

Por eso, hoy exijo al presidente de la República, pero también al gobernador del estado de Nuevo León, que se dejen ya de sus discursos y de sus estrategias mediáticas que en nada abonan a este problema y a este dolor que tiene herido a nuestro país. Que se pongan a trabajar, porque hoy seguimos buscando a nuestros desaparecidos.

Si no pueden, que renuncien.