Ciudad de México, a 10 de agosto de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS, A FAVOR DEL DICTAMEN NÚMERO 8 DE LA PRIMERA COMISIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE.

DIPUTADA ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS (RERG): Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se posiciona a favor de un tema de mayor importancia para los usuarios de telefonía celular, que siguen siendo víctimas constantes del engaño telefónico, la amenaza y la extorsión y que den frecuentemente comprometidos tanto sus datos personales como su seguridad y tranquilidad, de la mano de personas y entidades que recopilan la información de bases de datos, la venden en el mercado negro y fingen ser representantes de instituciones bancarias, financieras o entidades públicas para propósitos ilícitos.

La proposición con Punto de Acuerdo identifica errores graves en el funcionamiento de al menos dos sistemas del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, que almacenan bases de datos personales y que resultan pública y fácilmente accesibles para extorsionadores, suplantadores de identidad o profesionales de la amenaza telefónica, en efecto se trata de las plataformas Marcanet, servicio de consulta externa sobre información de marcas y de MARCia, un mecanismo con inteligencia artificial que ayuda a realizar gratuitamente búsquedas de solicitudes y registros de marcas.

Más allá de los propósitos legítimos y convenientes de ambos sistemas, servicios o plataformas, es claro que más allá de la información necesaria para hacer esta búsqueda de marcas y registros, se presentan datos personales de los solicitantes, domicilios, números de teléfono, correos electrónicos e incluso, documentación oficial, como actas constitutivas, identificaciones oficiales, firmas autógrafas, entre otros.

De ahí la urgente necesidad de que el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual limite la cantidad de datos personales mostrado al usuario de estas plataformas y que el instituto ajuste la operación de estas y otras bases de datos tanto a lo exigido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, como a la propia Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, sin la menor duda la necesidad de que el registro de los derechos de la propiedad industrial sea público no debe ser interpretado como una oportunidad para divulgar masivamente información, incurriendo en violaciones graves a las leyes que protegen los datos personales y facilitando aún más una actividad delictiva como la extorsión, que aflorado como pocas en fechas recientes.

Conviene tener presente que la extorsión telefónica es un delito que va al alza en nuestro país y que, como lo sustenta este dictamen, en los primeros seis meses del 2022, su incidencia creció un 44.7% frente a los casos reportados en el mismo periodo del año pasado.

¡Ya basta de extorsiones telefónicas!

Es cuanto, presidenta.

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