Ciudad de México, 22 de septiembre de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ANA MARÍA BALDERAS TREJO, PARA REFERIRSE AL DICTAMEN QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

DIPUTADA ANA MARÍA BALDERAS TREJO: Compañeras y compañeros diputados.

El día de hoy someto a su consideración esta iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a efecto de buscar ayudar al Conacyt y a las instituciones que lo integran, para que estas puedan recuperar la excelencia y la autonomía que tenían.

Esta iniciativa surge en el marco de la desarticulación a los centros de investigación mediante la cooptación y recorte de recursos presupuestales. El objetivo central de esta iniciativa consiste en fomentar contrapesos institucionales a caprichos de gobiernos que están en turno, de modo que el funcionamiento del Conacyt corresponde a criterios técnicos únicamente.

Actualmente, la junta de gobierno del Conacyt se integra por 13 miembros, 7 de los cuales forman parte de la Administración Pública Federal, centralizada totalmente. Además, 2 de los 13 deben ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores pero son nombrados por el titular del Conacyt, quien a su vez es designado por el presidente.

Dicho de otra forma, de los 13 miembros al menos 9 son de la administración federal en turno. Además, el director general de Conacyt es nombrado y removido libremente por el presidente, lo cual genera incentivos para que el director general sea incondicional al gobierno en turno. No hace falta más que leer las noticias para darnos cuenta de los problemas que este diseño general.

Permítanme darles algunos ejemplos para explicar mi punto. Primero, el Centro de Investigaciones, Docencias Económicas, el CIDE, fue cooptado. El presidente de la República designó a Álvarez Buylla y ella, a su vez, designó a Romero.

Romero ... dirige al CIDE pese a la rotunda oposición de su comunidad, puesto que los ex alumnos, docentes e investigadores de esta institución han expresado su inconformidad con su designación, así como la serie de arbitrariedades que Tellaeche ha cometido, pese a que su comunidad ha marchado, se han plantado en las instalaciones, incluso han promovido recursos jurídicos para combatir las arbitrariedades de Tellaeche y su designación, él y Álvarez Buylla ni se inmutan.

Vamos a los dos escándalos más recientes de este personaje. Primero, la Comisión de Ética del CIDE determinó que su director general cometió plagio en dos artículos académicos que publicó a su nombre.

Al respecto me permito leer un extracto de una de las tantas noticias que se han publicado: “El doctor José Antonio Romero Tellaeche incurrió en una falta a la ética en los dos artículos académicos de su autoría presentados por la parte denunciante, misma que consistió en la presentación intencional de ideas ajenas como propias y sin dar el crédito debido a fuentes utilizadas. Esta conducta configura un plagio según la definición del artículo 4, fracción I del Código de Ética del CIDE”, expuso la comisión.

¿A quién creen que le corresponde sancionar esta falta de ética? Pues al mismo Tellaeche. Como bien señaló la Comisión de Ética, del CIDE, su director general claramente tiene un conflicto de interés, por lo que corresponde a la directora general de Conacyt, es decir Álvarez-Buylla y al Consejo Directivo del CIDE aplicar sanciones correspondientes.

Y por si este escándalo no fuera suficiente, Romero Tellaeche suspendió sin previo aviso cuatro programas académicos que ofertaba el CIDE: la licenciatura en políticas públicas, la maestría en periodismo, la maestría en economía y la maestría en gestión pública.

Considero que el ejemplo del CIDE y de un personaje como Romero Tellaeche ilustra perfectamente la necesidad de generar contrapesos para evitar la politización de la ciencia. La politización del CIDE está llevando a que la institución pierda su excelencia y ha vulnerado los derechos de la comunidad que la integra.

Por lo tanto, en la presente iniciativa se proponen reformas en un tema principal y central, se propone establecer la obligación legal de que las votaciones de la Junta de Gobierno, así como las versiones públicas de sus sesiones deban estar disponibles en el sitio de Internet del Conacyt, para su escrutinio público.

Diputadas y diputados, por el Conacyt, por las instituciones educativas, por la investigación de nuestro país, hagamos lo correcto. Pido su voto a favor de esta iniciativa.

Es cuanto, presidenta, muchas gracias.