Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA DIPUTADA CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ ALONSO, PARA FIJAR EL POSICIONAMIENTO DE SU GRUPO PARLAMENTARIO EN LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ ALONSO (CRGA): Con el permiso de la presidencia.

Como ya se ha hecho costumbre en esta Legislatura, la mayoría nos presenta una iniciativa para ser tramitada de manera urgente por su conveniencia política.

Una vez más sin información objetiva, detallada y pertinente, se nos surge a deliberar un tema que tiene diversas aristas delicadas y que ameritarían un tiempo suficiente para que las comisiones determinen de manera adecuada.

Se trata de una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de que el proceso, que ya existe en materia de cuentas sin movimientos y sin contarse reclamos por parte de cuentahabientes, se amplíe, pasando de un monto de 30 mil pesos a 50 mil pesos. Además, se propone que parte de los recursos que por eso había se canalicen a una cuenta concentradora, se destinen a las instituciones de seguridad pública.

Es importante indicar que el Gobierno Federal ha tenido un fracaso en materia de recuperación de activos en el combate al crimen organizado, esta propuesta pretende encubrir y disfrazar dicha ineficacia, tanto en materia de aplicación de extinción de dominio, como de la figura del abandono.

En la doctrina internacional, la recuperación de activos como política pública, de combate a la corrupción y a la delincuencia organizada se establece como norma que los recursos producto de dicha recuperación –escuchen--, sean para apoyar a instituciones policiacas y de procuración de justicia, no como ocurre en México, que a merced de la Ley de Extinción de Dominio se destinan a un gabinete social cuyas determinaciones son opacas y con orientación clientelar, como ustedes solamente lo saben hacer.

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha sido un fracaso más de este Gobierno y para no variar, se ha visto envuelto en escándalos de corrupción, incluso habiéndose aprobado mecanismos que este Gobierno ha pedido. Las autoridades federales han sido totalmente ineficaces en la materia. Los recursos recuperados en esta vía son insignificantes, como el resultado de su política de “abrazos no balazos”.

Se calcula que en México circulan en procesos de blanqueó bienes y recursos de más de, por lo menos, 25 mil millones de dólares, de los cuales ni siquiera el 1% se decomisan ni se aplica a la extinción de dominio, es decir en el tema de recuperación de activos estamos ante un fracaso total.

No se aplican las herramientas de inteligencia financiera para el combate al crimen organizado, pero sí a los opositores y a los periodistas, un verdadero despropósito.

En la iniciativa no se detallan los montos agregados que se comprometen ni los impactos reales que presupuestariamente tendrían lugar.

Exigimos al Gobierno el que nos dé a conocer los datos referidos a los impactos indicados.

Se deja de apoyar a la beneficencia pública, la orientación errónea de esta política terminará otra vez perjudicando a las personas más pobres.

Igualmente, se requiere de un informe detallado de cómo se ha venido desarrollando las acciones para la beneficencia pública. Necesitamos conocer qué se está haciendo para su sostenimiento.

Aun así y considerando todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor, sobre todo, por dos razones: uno, impulsaremos cualquier medida que tienda a saldar la deuda que este Gobierno tiene sobre las policías civiles, que son las grandes abandonadas de este Gobierno; dos, el mecanismo de bienes mostrencos ya existe en la legislación.

A efecto de fortalecer dicho mecanismo y de darle certeza jurídica a la población, estaremos proponiendo reservas que nos parecen indispensables para perfeccionarlo, darle mayor regulación que transparente la intervención al Poder Judicial en materia de notificación de la prescripción y el destino de los recursos que deberán entregarse en una mayor proporción a las policías de todos los Estados y municipios, y realizar una exclusión explícita respecto a las Fuerzas Armadas.

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