Ciudad de México, 1 de septiembre de 2021

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ VALDEZ, PARA PRESENTAR SUS RESERVAS A LOS ARTÍCULOS 7 Y 37 DEL PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA Y SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ VALDEZ (MAGV): Muy buenos días, compañeros y compañeras. Con su venia, señor presidente. En la apertura de la LXV Legislatura, los convoco a considerar la importancia y como fundamental anteponer los derechos de todos los mexicanos en nuestra labor legislativa.

En el debate de ideas siempre debe de imperar el pluralismo y la congruencia en cada una de las acciones por el bien de la sociedad, solo así estaremos en la posibilidad de ser representados políticamente con los derechos fundamentales concedidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se concibe la democracia como un conjunto de normas y reglas que garantizan la estabilidad y la gobernabilidad del país. En las instituciones reposan los sentimientos de la nación y, sobre todo, el equilibrio de Poderes, la solución de los problemas y las demandas sociales.

Es así que no solamente es considerada como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de los ciudadanos.

Lo peor que se puede presentar en la directriz de un país es el autoritarismo, por ello excluir el término democracia como un principio que no deba de salvaguardarse por todo servidor público, no solo de las instituciones, sería dejar en estado de indefensión el ideario consagrado en nuestra Carta Magna.

Por otro lado, en materia penal, tratándose de la persecución de los delitos cometidos por los servidores públicos, incluidos los que pudiera cometer el Ejecutivo federal, así como los delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

Todos, todos deben ser susceptibles de imputación. Solo así estaríamos ante la presencia de un Estado de derecho, que deba ser respetado desde el Ejecutivo federal, las instituciones en sus diversas esferas jurídicas y sus respectivas competencias. Por ello todo delito en el que deba ser sancionado y enjuiciado el Ejecutivo federal este deberá ser analizado desde la perspectiva de la tipología del delito, que se encuentra descrito en la ley que impongan las sanciones penales respectivas. De ahí la importancia de considerar incluir el término susceptible de imputación.

Por lo anterior, ante esta tribuna presento dos reservas para que por la mayoría aquí presentes sean tomadas en cuenta y se integren en el dictamen que hoy se pretende aprobar. La primera tiene la finalidad de integrar el término democracia, en la fracción primera del artículo séptimo, para que en el perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en la forma de gobierno republicano, representativo, laico y federal, se considere incluir democracia como el principal principio a salvaguardar y observar por los servidores públicos en sus respectivas responsabilidades.

La segunda reserva consiste en reformar el artículo 37 del decreto. Y tiene como fin que todos los delitos que deban de ser sancionados tratándose del Ejecutivo federal, como traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales, así como todos los delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, todos serán susceptibles de imputación, de conformidad con lo establecido en los términos de lo dispuesto por el artículo 108, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No al autoritarismo.

No a la corrupción.

Y no a la impunidad.

Hagámoslo por México.

Es cuanto, muchas gracias.