Ciudad de México, 25 de octubre de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES, EN LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA POLÍTICA, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, PARA FIJAR POSICIONAMIENTO  EN TORNO A LA DICTAMINACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REFORMA POLÍTICO ELECTORAL.

DIPUTADA JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES (JAFT): Gracias Presidente.

En el Partido Acción Nacional estamos listos para analizar y debatir cada propuesta y encontrar desde luego, puntos de coincidencia, pero siempre reconociendo y dejando muy claros cuáles son los puntos en los que tenemos diferencias y en los que no daremos un paso atrás.

Durante mucho tiempo, el órgano encargado de organizar, calificar las elecciones como válidas y dirimir las controversias en las elecciones en nuestro país, estuvo conformado por políticos, representantes del partido en el poder.

Fue hasta 1990 cuando el partido del régimen reconoció que era necesario reflexionar sobre una nueva estructura electoral y propuso la creación del Instituto Federal Electoral, que en un principio también estuvo integrado por políticos y por subordinados al gobierno, como el Secretario de Gobernación, pero poco a poco se ha logrado la integración de ciudadanía y ahí estuvo presente el PAN.

Fue hasta 1996 cuando se logra que el Ejecutivo ya no interfiera en la composición del órgano encargado de organizar las elecciones y que el Presidente del Consejo General fuera uno de los consejeros ciudadanos y no el Secretario de Gobernación y ahí estuvo presente el PAN.

En la reforma de 2014, se crea el Instituto Nacional Electoral, que sustituye al IFE, y se establece en nuestra Constitución la función estatal electoral, qué se regirá por los siguientes principios: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad y ahí estuvo presente el PAN.

Costó mucho tiempo sacar las manos del Gobierno y de los partidos políticos de las decisiones del órgano electoral, ahora se propone mediante una reforma electoral desaparecer al INE y lo decimos así, porque desvirtuar la naturaleza, desvirtuar las funciones y desvirtuar la descentralización, que es clave para el fortalecimiento del federalismo, es desaparecerlo.

Se propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sería integrado por consejeros electorales que sean electos por la ciudadanía, esto implicaría un total de 60 candidatos y candidatas, propuestos algunos por el propio Presidente de la República, otros por el Congreso de la Unión y otros por la Suprema Corte de Justicia.

Es decir, que, como en cualquier proceso político, se realicen 60 campañas electorales sin tener mayores requisitos, especialización en la materia y además, corriendo el gran riesgo de que se estimule que son ejercicios auténticamente ciudadanos.

Además, se propone un cambio significativo en el sistema electoral mexicano, que lejos de fortalecer e incentivar la participación ciudadana garantizando los derechos político electorales de votar y ser votado de la ciudadanía, propone fortalecer el sistema de partidos políticos en México, pero en especial al partido político que se encuentre en el poder.

Hoy sabemos que la reforma no propone la eliminación de las diputaciones de representación proporcional como falsamente se había trascendido en algunos medios de comunicación cuando la reforma se dio a conocer, propone la desaparición de las mayorías relativas, así la ciudadanía perdería en realidad el derecho de elegir a su propio representante, el vínculo con su legislador o con su legislador, en particular, la posibilidad de verificar el trabajo social o legislativo de las y los candidatos y, por tanto, de ejercer efectivamente el mecanismo de reelección e incluso, se niega la posibilidad de distinguir entre una persona y otra de la lista total de candidaturas registradas.

La evidencia histórica, la experiencia y evolución democrática en México, permiten advertir que la reforma electoral pudiera implicar un retroceso.

El PAN sigue aquí y el PAN no avalará retrocesos a la consolidación democrática de nuestro país.

Asumiremos nuestro compromiso histórico de defensa de las instituciones y de los derechos de la ciudadanía, pero seremos propositivos y buscaremos consensos para robustecer a las instituciones y también para mejorar nuestro marco legal, siempre buscando garantizar los derechos de la ciudadanía en específico sus derechos político electorales.

Es cuanto, Presidente.

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