Ciudad de México, a 27 de octubre de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES, PARA FIJAR EL POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, AL DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EN MATERIA DE TRABAJO EN CENTROS PENITENCIARIOS Y REINSERCIÓN SOCIAL.

DIPUTADA JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES (JAFT): Con su venia, presidenta.

María está fuera de un reclusorio, salió después de 10 años y no tiene a donde ir, no tiene para comer, no tiene donde dormir y no sabe dónde buscar un empleo y empezar a formar parte de la sociedad. Ese es el panorama para cientos de personas que obtienen su libertad después de haber estado en prisión.

De acuerdo a los cuadernos mensuales de información estadística penitenciaria nacional, en lo que va del 2022 en México ha habido en promedio 225 mil 628 personas privadas de la libertad. Del total de esas personas, el 41% ha estado en prisión preventiva, es decir, han estado en la cárcel sin haber sido condenadas.

Después de pasar años en prisión, para un exrecluso lidiar con la libertad es difícil. No importa si fue por prisión preventiva o sentencia condenatoria, retomar la vida sin trabajo y en casos extremos, sin familia es un reto para quienes han pasado una parte de su vida en la cárcel. La meta es poder reinsertarse en la sociedad y no reincidir.

En México crecemos con la mentalidad de que lo peor que nos puede pasar en la vida es terminar en la cárcel. Vivimos pensando que las personas que se encuentran privadas de la libertad deben de ser castigadas, incluso de pagar su deuda social. Sin duda, uno de los peores castigos lo reciben cuando salen, cuando son rechazados, in visibilizados, violentados por la misma sociedad.

Actualmente, la reinserción social tiene una importancia fundamental para que la persona privada de su libertad al salir tenga la oportunidad de forjarse un mejor futuro, disfrutando de su libertad y manteniendo un bienestar social sin la necesidad constante de cometer nuevamente una conducta antisocial.

Según Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, el 53.9% de las personas privadas de la libertad consideran que, una vez cumplida su condena, el haber estado en un centro penitenciario afecta sus posibilidades de reintegrarse en el ámbito laboral.

A menos que reciban el apoyo y el acompañamiento necesarios para enfrentar estos retos, las personas privadas de la libertad corren el riesgo de quedar atrapadas en un círculo vicioso de reinserción social fallida, reincidencia, nueva condena y rechazo social.

Por ello, para evitar la exclusión social de quienes egresan de la prisión, es necesario reconocer la importancia de la formación educativa y laboral, así como el desarrollo de habilidades, transitar de un modelo que se concentra en el castigo a uno que pone el acento en la reinserción social, es la tarea a atender. Todo ello, en consonancia con las leyes nacionales y los estándares internacionales.

Nuestro Reconocimiento a la Comisión de Justicia, a su presidente, a cada uno de los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión, pertenecientes a todas las fuerzas políticas de esta Cámara, que a través de este dictamen han visibilizado a las personas privadas de su libertad y garantizan el cumplimiento y respeto a sus Derechos Humanos aprobando modificaciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal que garantizan la reinserción social integral en materia de programas educativos, capacitación laboral, autoempleo y requisitos para la obtención de la libertad condicionada.

Por otro lado, pongo a consideración de este Pleno que el concepto de reinserción social, que ha sido aprobada por la Comisión de Justicia, incluye el enfoque de perspectiva de género como parte de las herramientas que se deberán de considerar oara el diseño de programas y políticas públicas en materia de reinserción social de mujeres que han sido privadas de su libertad.

El enfoque de género en la reinserción social está contemplado en las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes.

Dentro de este instrumento se incluyen 8 numerales que establecen el deber del Estado de facilitar la reinserción de las mujeres, el deber de elaborar y ejecutar programas de reinserción amplios realizados en conjunto con grupos comunitarios y organizaciones no gubernamentales.

De igual manera, estas reglas definen que dichos planes deben contemplar distintos factores, como el historial de violencia previa, la responsabilidad de cuidado, el acceso a redes de apoyo y las circunstancias de encarcelamiento.

También el derecho a la reinserción social para mujeres privadas de la libertad ha sido contemplado en las resoluciones de comités internacionales, como el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer.

Del total de ingresos de personas a los centros penitenciarios, federales y estatales, el 7.7% son mujeres. El perfil sociodemográfico de las mujeres privadas de la libertad es el siguiente: 99% son primodelincuentes, el 90% tiene hijos y dependientes económicos, el rango de edad va de los 18 a los 40 años, el 60% de ellas no ha terminado, la secunda.

Y finalmente, en relación con la atención postpenal, se destaca que 7 de cada 10 mujeres son abandonadas en los centros penitenciarios por sus familias, es decir, la mujer que comete algún delito en México, por lo regular es una persona joven, sin empleo, con bajos niveles de educación e hijos dependientes, y es abandonada por su familia.

Por ello, someto a consideración esta reserva.

Es cuanto, presidenta.

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