TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA PATRICIA TERRAZAS BACA, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

15 de Noviembre de 2022

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Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2022

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA PATRICIA TERRAZAS BACA, PARA FUNDAMENTAR EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

 

PATRICIA TERRAZAS BACA (PTB): Con el permiso de la presidencia.

 

Me dirijo a esta soberanía a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para presentar el presente dictamen con proyecto de decreto por el que se le adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de supervisión, denuncia y sanción para servidores públicos que vulneran los Derechos Humanos de las mujeres víctimas de violencia.

 

Este dictamen es el resultado de un trabajo intenso en la búsqueda de consensos de la Comisión, en donde fue aprobado de manera unánime por todas las fuerzas parlamentarias. Todos los legisladores nos sumamos a las propuestas de nuestros pares de Morena, del Partido Encuentro Social y del Partido del Trabajo, quienes propusieron a bien, reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para tutelar el bien de aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia, enhorabuena.

 

Nuestra Carta Magna, desde el año de 2011 reconoce plenamente los Derechos Humanos de los ciudadanos, por lo que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.

 

La Violencia contra las mujeres se da fuera y dentro de casa. Según las cifras del Inegi en 2020, el 23.2% de los homicidios de mujeres ocurrieron en su vivienda y el 20% de las mujeres perciben inseguridad en su casa, y el 10.8% de los delitos cometidos contra las mujeres fueron de tipo sexual.

 

En fechas recientes hemos sido testigos de homicidios de mujeres jóvenes, de madres, no podemos ser inmunes al dolor de las familias, de los hijos, de los padres, de los hermanos que han perdido a su ser querido.

 

Por ello, el dictamen que se pone a consideración de esta soberanía pretende continuar el robustecimiento de las acciones afirmativas en un entorno lacerante y de violencia para las mujeres, quienes al exigir justicia se encuentran ante la indiferencia e inclusive agresión de la autoridad al revictimizarla, en lugar de prestarle auxilio, a pesar de las disposiciones que desde el año de 2011 se han venido incorporando al marco legal.

 

Por ello, esta soberanía tiene la obligación de reforzar la obligación del gobierno para garantizar la denuncia por parte de las mujeres a la violencia a la que son expuestas, proteger su derecho a una justicia expedita con perspectiva de género.

 

La propuesta que ponemos a consideración en este Pleno, da un paso más a las acciones afirmativas para combatir la violencia de género, por lo que contempla modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de igualdad de género.

 

Por ello, es que el artículo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, proponemos que las acciones para prevenir la comisión de faltas y hechos de corrupción que implementen las secretarías y los órganos internos de control; deberán promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos e incorporar la perspectiva de género, con especial énfasis en temas de violencia.

 

Una acción afirmativa que proponemos a esta soberanía, considerando que la paridad es un principio Constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En protección y seguridad de las mujeres consideramos que en la legislación mexicana se necesita un fortalecimiento en protección de las personas denunciante, sobre todo, aquellas que denuncia hechos de corrupción.

 

La reforma contempla la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación con persona denunciante o con quien haya sido perjudicados por la acción u omisión de la conducta denunciada, para inhibir conductas que pretendan intimidar al denuciante.

 

En tal sentido es que la aportación y valoración de las pruebas que aporte la denunciante, la persona afectada o el tercero interesado, es que consideramos deba reforzarse el protocolo para juzgar una perspectiva de género y que las pruebas sean valoradas bajo un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de generó.

 

Por lo anterior, es que los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción sometemos a este Pleno el presente dictamen, esperando contar con su apoyo para su aprobación.

 

Es cuanto, Presidente.

 

 

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