Ciudad de México, 30 de marzo de 2023

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES, PARA FIJAR POSTURA SOBRE EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 38 Y 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE SUSPENSIÓN DE DERECHOS PARA OCUPAR CARGO, EMPLEO O COMISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO.

DIPUTADA JOANNA ALEJANDRA FELIPE TORRES (JAFT): Con su venia, señora presidenta

La violencia hacia las mujeres es una realidad tan naturalizada y tan institucionalizada, que ha enquistado la creencia en la sociedad de que la desigualdad entre los sexos, la relación asimétrica de poder y la violencia en contra las mujeres son normales.

Que el sólo hecho de nacer mujer implica inferioridad, sumisión y obediencia, y este mandato social de sumisión y de la obediencia deben ser asegurado mediante el uso puntual de la violencia como instrumento de afianzamiento e intimidación constante en contra de las mujeres.

“Lo que pasa en casa se queda en casa”, “la ropa sucia se lava en casa”. Frases constantes que se repiten entre la sociedad para mantener oculta e invisibilizada la violencia a la que miles de mujeres y sus hijas e hijos son diariamente sometidos.

La escena de crímenes contra las mujeres y niñas termina siendo su propio hogar. Así, la violación de los derechos de las mujeres y la violencia de género, suponen conductas que en muchos lugares continúan siendo socialmente aceptadas y que, por estar circunscritas al ámbito de la vida privada, son ignoradas y son poco cuestionadas.

Hoy más que nunca se reconoce que los actos de la vida personal o privada de una persona, el cómo actúa, el cómo se expresa, el cómo se relaciona, trasciende al ámbito público.

Un servidor público que en el ámbito privado ejerce violencia también lo hará en el ámbito público y no buscará prevenirla, ni atenderla ni erradicarla, como sería su obligación, utilizará su poder para perpetuarla, porque la violencia es su mecanismo de control y dominación.

Un servidor público que es golpeador de mujeres, violador, acosador sexual, un violentador de su propia familia, una persona irresponsable con la manutención de sus hijos e hijas utilizará su poder para seguir golpeando, para seguir violando, para conservar su irresponsabilidad parental bajo el amparo del cargo y en total impunidad.

Un violentador que es un servidor público, tiene una doble responsabilidad, es victimario directo de las mujeres cercanas a las que agrede y pero también es victimario indirecto de las mujeres gobernadas por las que no vela, por las que no hace nada, a las que no les cree y que revictimiza porque se pone del lado de los agresores, porque se identifica con ellos, porque es su complice.

Un violentador es un delincuente y a los delincuentes se les sanciona, no se les premia con cargos.

Hace muchas décadas que las mujeres nos dimos cuenta de que nuestra unión, solidaridad y mutuo reconocimiento genera verdaderos cambios socialesl, que anteponer nuestras diferencias a nuestras coincidencias, puede ser un obstaculo insuperable para lograr objetivos del interés común.

En nuestro camino hacia la igualdad sustantiva, hoy nos encontramos en una fase de aumento cuantitativo de mujeres en las legislaturas, pero este aumento cuantitativo debe ser seguido necesariamente por una fase cualitativa que mejore la democracia, que aumente la incidencia de las mujeres en los espacios de decisión.

Ante ello, las mujeres que ocupamos cargos públicos, que ocupamos un espacio en la denominada Legislatura de la Paridad nos encontramos ante un momento histórico, que implica la responsabilidad de impulsar profundos cambios cualitativos en la manera de hacer política y en la forma de gobernar.

Parte de los cambios en la manera de hacer política es evitar que la segmentación partidista  sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia contra las mujeres y familias mexicanas.

Compañeras, aliadas, colegas diputadas, no hay lucha social que haya logrado resultados sustantivos, a partir de la marginación o exclusión de la mitad de la población o de uno de los sexos.

La lucha por el acceso a las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, requiere formar alianzas estratégicas entre todas y todos, no puede ser una labor individual, debe ser un esfuerzo colectivo, plural e incluyente que a partir de nuestras propias convicciones, principios e ideología individual construyamos juntas y juntos el camino hacía la erradicación del mayor problema social en el que historicamente se encuentra sumida la humanidad.  

Mujeres y hombres estamos llamados a la acción pacífica para liberarnos de las violencias, a la acción de sensibilización y al movimiento de conciencias, a la acción de empatía, de congruencia y de construcción de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de relacionarnos que no impliquen la superioridad de los unos y la inferioridad de las otras, estamos obligadas a generar nuevas formas de gobernar.

Hoy más que nunca la política y el servicio público necesitan ser dignificados, necesitamos regresar a los estándares mínimos de ética y moralidad como principios rectores de la conducta pública.

Es urgente poner límites a las desviaciones y perversiones del poder.

Es urgente reivindicar a la política y atender las demandas ciudadanas de ser representados por personas con firmes convicciones y valores éticos que garanticen que todos sus actos persigan el bien común.

Es urgente llamar a una reforma social verdadera que garantice la justicia, la igualdad y la libertad de las mujeres y niñas mexicanas.

Es urgente atender las demandas de las mujeres de ser representadas por mujeres y hombres que protejan nuestra dignidad humana y que firmemente defiendan nuestro derecho y el derecho de nuestras hijas e hijos a vivir libres de violencia.

El dictamen que hoy se somete a su consideración es el producto de las demandas, preocupaciones y propuestas de las mujeres activistas, de mujeres integrantes de la sociedad civil organizada, de las mujeres que han sido víctimas de violencias, agresiones sexuales, acoso sexual en su casa, en la calle y en su trabajo; de las mujeres que siguen siendo las principales cuidadoras de sus hijas e hijos y que sacan la casta por ellos cuando los padres abandonan sus responsabilidades paternas.

Y también, es producto del trabajo y consenso de diputados y diputadas de todos los partidos políticos, que desde legislaturas anteriores y en la actual, hemos decidido promover acciones contundentes para depurar a la política de los vicios y la depravación, para impedir que el poder público continúe siendo utilizado por algunos como una vergonzosa herramienta de impunidad, de vejación de la dignidad de las mujeres y de protección de violentadores.

Hoy, esta Legislatura tiene la valiosa oportunidad de ser congruentes y abonar en la renovación de la política, renovación urgente que ayudará a que los servidores públicos que gobiernan y los que se encuentran en la procuración de justicia sean ejemplo de probidad y respeto de los derechos humanos de las mujeres y que sin simulaciones tengan un verdadero compromiso con la atención y erradicación de la violencia.

Por nuestras mujeres y niñas mexicanas, ni un agresor más al poder.

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