Ciudad de México, a 24 de abril de 2023

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ, PARA FIJAR EL POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN EL DICTAMEN QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 418, 419 Y 423 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE TALA ILEGAL.

DIPUTADO HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ (HSTH): Con el permiso de la Mesa Directiva.

El día de hoy posiciono como promovente de una de las iniciativas que se contienen en el presente dictamen y que reforma y adiciona el artículo 418 del Código Penal Federal en materia de tala ilegal de árboles y daños al medio ambiente.

Por otro lado, hay que destacar que, de acuerdo con el estudio más reciente realizado por la Universidad de Maryland y publicado por Global Forest Watch se identifica a los 10 países con la mayor pérdida de bosques primarios durante 2019, ubicando a México en el noveno sitio, registrando casi los mismos números alarmantes de países como Laos y Camboya.

La deforestación ha dejado una enorme herida sobre el territorio mexicano. El estudio mencionado también revela que en el país se quedó en el 2020 sin 300 mil hectáreas de cobertura arboria.

Además, se han identificado 122 zonas críticas en donde hay tala clandestina, lavado y venta ilegal de madera, cambios de uso de suelo, incendios provocados y presencia del crimen organizado, esto de acuerdo con datos presentados por la propia Secretaría del Medio Ambiente.

En 2021 se destinaron 31 mil 348 millones de pesos para todo este sector, tan solo un poco más que los 28 mil 900 millones de pesos que recibió uno de los principales programas de este Gobierno, que es Sembrando Vida.

Ahora bien, el Instituto de Recursos Mundiales en México publicó otro estudio, en el cual brindó información relevante sobre posibles consecuencias negativas de este programa insignia de la actual administración. Sembrando Vida otorga 5 mil pesos mensuales a cada sembradora o sembrador y, en más de una ocasión, se ha manifestado que ese incentiva más la deforestación que el objetivo de reforestar, como lo han calificado los propios expertos forestales.

Desde que arrancó Sembrando Vida, en febrero de 2019, se reportó que para poder entrar al programa algunos sembradores talaban los árboles de sus acahuales, como se conoce a los terrenos que en algún momento se usaron para la agricultura o la ganadería; pero que ahora tienen bosques o selvas en recuperación. Dicho estudio documentó que, en 2019, como consecuencia de Sembrando Vida, se perdieron 73 mil hectáreas de cobertura forestal.

Por otro lado, se encuentra la construcción del Tren Maya, que en uno de sus cambios de ruta, en específico el tramo Cancún-Playa del Carmen y la cancelación de los trabajos que ya se tenían avanzados, dejó como saldo más de 20 mil árboles talados.

Los datos anteriores no los expongo con el ánimo de polemizar, sino de resaltar y crear conciencia sobre políticas que se han desvirtuado y que se tienen que corregir en lo futuro para proteger nuestro medio ambiente.

Por otra parte, la tala ilegal realizada por entes gubernamentales bajo la justificación de poseer permisos previos ocasiona consecuencias irreparables para el medio ambiente.

Por ello, en dicha iniciativa propuse agravar la sanción de estos actos, para los casos en que, aun contando con una autorización para la tala de árboles, se realice un fin diverso al autorizado y este abuso no permita la reparación del daño al medio.

Por lo anterior y con el objetivo de que los daños ambientales y quienes lo realizan en el supuesto amparo de la ley, cuenten con la responsabilidad penal correspondiente, es que propuse que en el Código Penal Federal se endurezcan las penas para aquellos que realicen la tala ilegal sirviéndose de distintos medios para hacerlo.

No se debe soslayar la crisis climática a la que nos enfrentamos a nivel mundial y que la deforestación implica diversos impactos negativos al medio ambiente, el más evidente es la pérdida del hábitat natural de especies y animales; y, la segunda implicación, es la social, ya que en el contexto de la tala desmedida se desatan problemas de violencia en las zonas y conflictos sociales para los grupos poblacionales que las habitan.

Es así que se desprende la necesidad de legislar revisar las sanciones respecto a la tala ilegal y atender este fenómeno desde el ámbito penal.

Muchas gracias, diputados.

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