Ciudad de México, a 25 de abril del 2023

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ANA MARÍA ESQUIVEL ARRONA, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 81 Y 116 DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

DIPUTADA ANA MARÍA ESQUIVEL ARRONA (AMEA): Con la venia de la presidencia.

Buenas noches, compañeras y compañeros diputados:

Me llena de orgullo estar en esta tribuna presentando una iniciativa con proyecto de decreto que parte de un proyecto y colaboración con el Instituto Tepeyac de León, mi alma mater. Fue ahí donde empecé a amar mi profesión y donde comprendí que el trabajo social va más allá de la asistencia o de la atención.

Ser trabajador social en México significa ser parte del cambio, participar en colectivo e intervenir con metodología en el bienestar de las y los demás. Visibilizar nuestra profesión, reconocerla y darle la importancia debe de ser una prioridad para las y los estudiantes que inician esta importante y trascendente profesión.

En colaboración con el Instituto Tepeyac de León y pulsamos una convocatoria, en la cual las y los estudiantes presentaron proyectos de política pública para así convertirse en una iniciativa de reforma. Es así que la alumna Mariana Serna Solís, ganadora de la convocatoria, presentó una propuesta que focaliza al trabajo social como una pieza fundamental en las instituciones, la contratación de profesionales debe ser una prioridad en las acciones puntuales del trabajo multidisciplinario y de las estrategias de solución a las necesidades del alcance nación.

Por su formación, las y los trabajadores sociales actúan para atender la prevención primaria, secundaria y terciaria, en el marco de las emergencias que se presentan en cualquier esfera socioeconómica.

En tal virtud, y dada la importancia de la profesión, el Programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2020-2024. establece que, a pesar de que la Ley General de Víctimas ha tenido dos reformas importantes en su estructura y disposiciones, se identifican aspectos que pueden representar problemas de operación en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas en materia de atención y reparación integral del daño.

Actualmente, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, registró 22.1 millones de personas víctimas de la delincuencia.

La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción, el encubrimiento de los delitos y se convierte en un factor de victimización.

Y ante la alarmante necesidad de fijar criterios de cooperación y coordinación en la formulación de políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal, consideramos necesaria la propuesta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81, fracción décima y el artículo 116, fracción doceava que tiene como objetivo asegurar la participación, contratación e inclusión de médicos, psicólogos, personal jurídico, pero sobre todo, de trabajadoras y trabajadores sociales en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Es necesario fortalecer los equipos de trabajo social para asegurar la formulación oportuna y diligente de estudios e investigación social, para fortalecer el diagnóstico psicosocial y, de manera asertiva, los modelos de intervención y la prestación de servicios de ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas.

La violencia en México constituye una emergencia en la que las y los profesionales del trabajo social juegan un papel fundamental. El objetivo principal es proporcionar atención integral a las víctimas y las funciones que desarrollan se enmarcan en las diferentes fases del proceso de atención, dando como respuesta a las principales necesidades que manifiestan las víctimas y sus familias, responder a dichas necesidades y proporcionar un marco de comprensión amplio y contrastado sobre la intervención concreta, se lleva a cabo desde los equipos de trabajo social y multidisciplinarios.

El trabajo social debe ser considerado como una profesión relevante dentro de la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones del sistema nacional y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya que en la mayoría de los casos son el primer contacto, razón por la cual es fundamental asegurar su participación para que las víctimas cuenten con una comunicación clara, amplia y precisa que permite una atención adecuada, eficaz, pero, sobre todo, con perspectiva de Derechos Humanos, lo cual hace falta mucho actualmente en esta administración.

Es cuanto, presidenta.

---oo00oo---