Ciudad de México, a 25 de octubre de 2023

BOLETÍN 371

• La Diputada Federal, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó 45 denuncias penales en la Fiscalía General de la República y 144 denuncias administrativas en la Secretaría de la Función Pública, por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de los años 2019, 2020 y 2021, en SEGALMEX por un monto de $10,530.5 millones de pesos; en DICONSA por la cantidad de $7,039.5 millones de pesos y en LICONSA por una suma de $2,200.9 millones de pesos, que representan en total un monto de $19,770.9 millones de pesos.
• Del mismo modo, evidenció que las irregularidades van desde el pago de servicios personales, contrataciones de personal que no pudieron comprobarse (los conocidos como “AVIADORES”), pagos de leche a sobreprecio, pagos por mercancías (maíz, frijol, arroz y azúcar) cuya recepción no pudo comprobarse, hasta por pagos de productos cárnicos caducados y en mal estado.
• La legisladora panista señaló que, contrario a las declaraciones hechas por el Secretario de la Función Pública en la conferencia mañanera del 29 de junio de 2023, el monto desfalcado en SEGALMEX-DICONSA-LICONSA no es de $9,500 millones de pesos, sino que son cercanos a los $20,000 millones de pesos.

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, el lunes pasado, acudió a la Fiscalía General de la República para presentar 45 denuncias penales; en tanto que, en la Secretaría de la Función Pública, presentó 144 denuncias administrativas por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de los años 2019, 2020 y 2021, en SEGALMEX por un monto de $10,530.5 millones de pesos; en DICONSA por la cantidad de $7,039.5 millones de pesos y en LICONSA por una suma de $2,200.9 millones de pesos, que representan en total un monto de $19,770.9 millones de pesos.

La legisladora panista enfatizó, respecto a sus denuncias, que ella ha visto y constatado personalmente el desabasto, que ha acudido a los almacenes rurales de SEGALMEX, y a las tiendas comunitarias de LICONSA y DICONSA en diferentes entidades del país, señalando que cuenta con evidencia de ello, ha observado la falta de productos y recabado los testimonios de las personas que han expresado de viva voz el desabasto que se padece en zonas de mayores necesidades como el sureste mexicano y lo que ello les implica, ya que los obliga a recurrir a tiendas en donde los costos son superiores y con ello, gastar más de los pocos recursos con los que cuentan para cubrir sus necesidades de alimentación.

En relación con el presupuesto asignado a SEGALMEX, destacó que para el ejercicio fiscal 2024, en el paquete económico que se está analizando en la Cámara de Diputados, se pretende aumentar su presupuesto a 12,534 millones de pesos, aun y cuando en 2021 y 2022 se tuvieron subejercicios, lo cual no justifica el incremento para el ejercicio de 2024; lo único que refleja es que, al parecer, no les ha sido suficiente el recurso asignado hasta el 2023 para continuar desviando el dinero y dejar a la población más desprotegida sin los alimentos que cubran sus necesidades básicas, como claramente se desprende de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Por último, la legisladora panista refirió algunas de las irregularidades detectadas entre las que destacan en SEGALMEX: 

• 609 millones de pesos por falta de evidencia que acredite que se cuenta con unidades vehiculares arrendadas;
• 774 millones de pesos por pagos de servicios y productos sin contar con la documentación que acredite que se prestaron y entregaron conforme a lo solicitado en los contratos; y
• 106 millones de pesos por pagos de incentivos otorgados a medianos productores sin que contaran con las facturas y los instrumentos de administración de riesgos a nombre de los productores, los cuales sirven de base para determinar el monto del incentivo otorgado.

Respecto a DICONSA, la diputada blanquiazul refirió que se detectó:

• El pago de 3,750 millones de pesos por la recepción de maíz y frijol supuestamente adquirido a SEGALMEX en 30 unidades operativas DICONSA;
• El pago de 4 millones de pesos por productos caducados en los almacenes Rural Atotonilco “El Grande” y Central Puebla, productos cárnicos en mal estado en los almacenes rurales Cadereyta, La Luisiada y Central Puebla, y por la destrucción de productos cárnicos en mal estado en el Almacén Central Puebla, sin que DICONSA acreditara la justificación y planeación llevada a cabo para realizar la adquisición de dichos productos.

Finalizando con la relación de algunas irregularidades detectadas en LICONSA, entre ellas: 

• El pago de 42 millones de pesos sin que se acreditará la prestación integral de servicios especializados por prestadores de servicios, toda vez que en las bases de datos proporcionadas que incluyen la relación de personas contratadas bajo los esquemas de sueldos y salarios y asimilados a salarios no sustentan que éstas hayan prestado el servicio, es decir, lo que coloquialmente se conoce como “aviadores”;
• La erogación de 518 millones de pesos por pagos realizados sin contar con la documentación que acredite la recepción de leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma;
• 372 millones de pesos por pagos en exceso a 173 productores de leche, a quienes se les pagaron cantidades que no correspondían al precio de leche respectivo al tipo de productor; y 
• 620 millones de pesos por el pago de recursos sin contar con la documentación que acreditara la recepción de los servicios de transporte de productos lácteos.

Concluyó señalando lo siguiente: “Toda esta historia de presuntas corruptelas y complicidades tendría que terminar, de comprobarse, con Ignacio Ovalle en la cárcel.” y que “…en lugar de mandar a Ovalle a Gobernación como lo hizo el Presidente para protegerlo, debe ponerlo en manos de la justicia por lo que todo indica sería el más grave y despiadado crimen hacia niñas y niños, hombres y mujeres que urgen por algo qué comer.”

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