Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2023

TRANSCRIPCIÓN DEL DIPUTADO GABRIEL RICARDO QUADRI DE LA TORRE DURANTE SU INTERVENCIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 243 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

DIPUTADO GABRIEL RICARDO QUADRI DE LA TORRE (GRQT).-

Con su permiso, Presidenta

Hace 154 años, el Presidente Benito Juárez promulgó la Ley de Amparo con el objeto de proteger a los ciudadanos de los excesos y conductas arbitrarias de los gobernantes.

El amparo es uno de los elementos fundacionales de nuestro Estado de Derecho. Actualmente, el Juicio de Amparo se ha desarrollado y es reconocido como uno de los instrumentos más importantes para la preservación del régimen de libertades y derechos que rige el estatuto republicano bajo el que vivimos los mexicanos.

Ante el panorama político siempre cambiante, es indispensable que figuras como el amparo no solamente no se acoten, no se menoscaben o no se limiten. Sino que, al contrario, se fortalezcan y evolucionen para hacerlas cada vez más eficaces y cercanas a la gente. Para que la ciudadanía tenga más y mejores elementos de defensa ante el poder arbitrario ante los autócratas, ante los populistas.

Nos pronunciamos en contra de las actitudes autocráticas de quien hoy detenta el poder y pretende socavar el funcionamiento del amparo, así como intimidar y atentar en contra del Poder Judicial de la Federación, un rasgo fundamental del autócrata es querer someter y capturar a los otros poderes de la Unión.

En el México de nuestros días no debe tener cabida un gobierno, que lejos de buscar fortalecer a los ciudadanos y dotarlos de elementos jurídicos para su pleno desarrollo, busca acotar sus derechos fundamentales y someterlos a controles autoritarios arbitrarios.

Un ejemplo de lo anterior es este dictamen que se está discutiendo ahora presentado desde luego por el partido oficial que buscan limitar en los hechos, limitar el acceso a la justicia a los ciudadanos, poniendo trabas en las comunicaciones que se generan entre las autoridades y la ciudadanía.

Sobre todo las que intervienen en el Juicio de Amparo. Pretendiendo el despropósito de cobrar al Poder Judicial de la Federación las comunicaciones y oficios que se realizan por medio de las oficinas públicas encargadas de las comunicaciones postales en el país.

Quien propone semejante ocurrencia no repara en el hecho de que no se está afectando a la autoridad, sino al ciudadano, se está socavando el derecho a la justicia y además, el derecho de contar con un proceso gratuito y expedito.

Es que se vería amenazado con la cortapisa que se pretende imponer. Y esto también es otra patada de ahogado del presidente López.

Primero quiso destruir y conculcar los fideicomisos del Poder Judicial, también habiéndole recortado arteramente su presupuesto en casi 20% en lo que va de esta administración.

Igualmente presentando ternas impresentables al Senado para llenar la vacante en la Suprema Corte de Justicia, es claramente un impulso de captura, de degradación y de envilecimiento del Estado, del Estado mexicano.

Si quiere modernizar el servicio postal mexicano, hay muchas cosas fundamentales e imperiosas que hacer, como por ejemplo permitir que los trámites y las comunicaciones se hagan a través de Internet, se hagan a través de las plataformas existentes en las nuevas tecnologías de información, o bien la utilización de la inteligencia artificial para resolver de manera inmediata y expedita diferentes, diferentes juicios.

Sin embargo, esto no es lo que propone el partido en el poder. Lo que propone el partido en el poder es quitarle recursos y socavar el funcionamiento del Poder Judicial.

Ahora aquí se ha dicho, lo dijo el diputado de Godoy, vicecoordinador de Morena, que pretendemos privatizar el Servicio Postal Mexicano, nada más alejado de la realidad.

También dijo que queremos privatizar el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Perdón, por esos proyectos absurdos no se pueden privatizar porque nunca van a ser rentables, son un desfalco a la nación y ninguna empresa privada accedería a hacerse cargo de estos proyectos totalmente absurdos que multiplicado por tres su presupuesto y que significa un gigantesco desfalco a la nación.

Los responsables de este daño patrimonial absurdo tendrán que rendirle cuentas a la justicia una vez que termine este funesto régimen demagógico, autoritario y populista.

Muchas gracias.

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