Ciudad de México, 1 de marzo de 2022

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ, PARA PRESENTAR INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DIPUTADO HÉCTOR SAÚL TÉLLEZ HERNÁNDEZ (HSTH): Con su permiso de Presidente.

Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación, hicieron la promesa de que las adjudicaciones directas y las invitaciones a cuando menos tres personas, serían los métodos de contratación meramente excepcional.

Y que sería la licitación pública el método de contratación ejemplar de este nuevo Gobierno.

Incluso se atrevieron a plasmarlo de esa forma en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2019 a 2024.

La realidad a 3 años confirma que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación nuevamente han faltado a su promesa, ya que en la actualidad 8 de cada 10 contratos, han sido entregados a través de la figura de la adjudicación directa, es decir, el 80% de las contrataciones gubernamentales se lleva a través de esta figura, lo que comenta, contratos y entregas en los oscurito en lo cortito, únicamente a privilegiados y a sus cuates.

Es de destacar, además, que el porcentaje de los montos de dichas adjudicaciones se mantiene muy por encima de lo que marca la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas.

En efecto, en estos 3 últimos años  de esta administración, el promedio del monto de las adjudicaciones se eleva hasta en un 41% del presupuesto federal asignado a cada una de las dependencias contratantes.

Y miren, para hacer memoria y de mencionar más o menos de lo que estamos hablando, es que durante esta administración, se han dado por la vía directa, insultantes contratos para la sociedad mexicana.

Primero, el sobreprecio escandaloso del contrato de la compra de ventiladores, respiradores, nada más y nada menos que a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, por 31 millones de pesos, los casi 800 millones de pesos contratados por Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, que otorgó a través de adjudicaciones directas a una red de 6 empresas, cuyos socios han participado en empresas fantasmas y tienen cuentas pendientes con el ISSSTE y con la Sedatu.

El tercer caso en Pemex, para la refinería de 2 bocas, se ha otorgado 5 contratos importantes, los cuales se han dado por adjudicación directa y estos montos hoy oscilan en los 49 mil millones de pesos para la refinería de Dos Bocas.

Y el último ejemplo y cuarto que traigo a colación, es el del Tren Maya, una obra plagada completamente de inconsistencias en el que trasciende que al día de hoy, de los 102 contratos que se han asignado, 45 de ellos han sido por la vía de la adjudicación directa, lo que significa que un 44% del proyecto del Tren Maya, se ha adjudicado de manera directa a un grupo selecto de proveedores.  

Cómo se nota, se ha hecho un uso abusivo de la figura de la adjudicación directa, tanto es así, que las obras insignias de este Gobierno han sido encargadas a la Secretaría de la Defensa, sólo argumentando cuestiones de seguridad nacional, pero para no dar información o bien incluso para realizar solamente adjudicaciones directas.

Ha sido tal el abuso y la opacidad del presidente López Obrador que se atrevió a emitir el famoso decretazo, en el cual, dolosamente, establece que todos los proyectos de la Administración Pública serían catalogados como de seguridad nacional, fomentando así la contratación sin respetar la ley, todo por la vía directa, sin licitar y sin concursar.

Utilizar a la Sedena para funciones de construcción y obra civil e intentar que toda contratación se catalogue como seguridad nacional, es una clara intención de pervertir y descomponer la esencia de nuestras Fuerzas Armadas, pero también de corromper el espíritu de los concursos abiertos y públicos que consagra el artículo 134 de la Constitución.

Por eso, aquí los diputados de Acción Nacional promovemos elevar a rango constitucional el límite de contrataciones a través de la figura de la licitación pública para establecer este límite sea únicamente del 20% del presupuesto asignado a cada dependencia.

Asimismo, proponemos en las leyes reglamentarias que se prohíban todas aquellas adjudicaciones directas por el simple hecho de que estas obras o adjudicaciones se hagan por la Secretaría de la Defensa, sin tener un objetivo eminentemente militar o de seguridad nacional.

Compañeros, el teflón político que parecía indestructible y del que gozaba el Presidente, hoy está roto, está por los suelos, pero este Gobierno sigue empeñado en hacer contrataciones en lo oscurito, aquí está el cheque que se entrega por 483 mil millones de pesos en adjudicaciones directas.

Es momento de castigar la actitud de la cuarta transformación. Sobrepasar los límites de contrataciones directas, debe de tener un castigo administrativo y de carácter penal.

Muchas gracias, diputado Presidente.