Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2024
INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO, PARA FIJAR EL POSICIONAMIENTO DE SU GRUPO PARLAMENTARIO A LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVOS A LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL.
DIPUTADA MARGARITA ESTER ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO (MEZGC): Con su venia, presidenta.
Dar a cada quien lo suyo. Esta es la definición de justicia que muchos estudiamos en la preparatoria o en las universidades. Como virtud y como criterio, debería ser la guía de nuestras acciones legislativas.
Sin embargo, lejos de fortalecer al Poder Judicial, esta iniciativa, este dictamen, lo destruye. Lo destruye porque niega la independencia judicial, porque le pone obstáculos. Sí la independencia judicial, que es la columna vertebral del Poder Judicial y del acceso a la justicia, es lo que estamos anulando.
El Poder Judicial es guardián de la convivencia pacífica, resuelve los conflictos entre los particulares que no han podido conciliar. Pero también, como bien dice la ministra valiente Norma Piña, que hoy presentó su informe como la primera presidenta del Poder Judicial, decía que también, y sí un aplauso para ella y para las mujeres valientes, uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es precisamente proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos. Claro que es fundamental lo que puede hacer el Poder Judicial.
Pero hoy, en México, estamos entre la tragedia y la comedia, entre la sombra y la preocupación. Dentro y fuera de México se discute está mal llamada reforma judicial, que no es apoyada por ningún jurista, no garantiza la independencia judicial, no garantiza el acceso a la justicia.
Le han entregado la justicia al mercado negro. La justicia se entrega al mercado negro, al crimen organizado que coopta las instituciones. Eso es lo que hace este dictamen al anular al Poder Judicial. Ninguno de los dramas que vivimos en México de falta de justicia y de impunidad, tiene solución en estas tres leyes.
Pero, además, nos dijeron que iban a simplificar las cosas y que el Consejo de la Judicatura era demasiado, pero crearon un órgano todopoderoso. Creímos que era el Tribunal de Disciplina Judicial, pero no: es el órgano de administración de justicia. Nada más les digo la diferencia, el Consejo de la Judicatura tenía 47 facultades o tiene en el artículo 86. En este dictamen, en el artículo 80, marca más de 55 facultades. Es controlar todo. Han centralizado el poder en cinco personas que manejarán la administración de justicia.
Nada más de órganos auxiliares tiene nueve órganos auxiliares: la Escuela Nacional de Formación Judicial, que por cierto ya existía; el Instituto Federal de Defensoría Pública; la Contraloría; la Unidad de Peritos Judiciales; la Unidad de Administración de la Suprema Corte de Justicia, vaya independencia de la Corte; la Unidad de Administración del Tribunal Electoral, vaya independencia del Tribunal Electoral; y, por si fuera poco, la Unidad de Administración del Tribunal de Disciplina Judicial, además del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y del Centro Público de Mecanismos Alternativos.
Todo esto es parte de ese órgano de administración, que, por supuesto, nada más, nada más lo manejan cinco personas. Pero nadie, a esas cinco personas, nadie, nadie las va a elegir por voluntad popular. A esas cinco personas, miren nada más, el artículo 100 que se aprobó, dice que durarán seis años, es decir, acompañarán al Ejecutivo; pero, además, uno será nombrado por la presidenta de la República, de Morena; otro será por el Senado de la República, que con esa mayoría falsa que tienen es suficiente para que Noroña diga quién es; y tres por la Corte.
¡Vaya, vaya independencia! Es un control de cinco personas que no elige la voluntad popular.
Y todavía tienen el Tribunal de Disciplina Judicial, que además tiene mecanismos a través de sus órganos auxiliares de investigación administrativa y de evaluación, además de desempeño judicial, es decir, entra al fondo del asunto, pues con ellos también genera una enorme amenaza todos los días a los jueces. Pero además, tiene mecanismos de control que van más allá de lo aprobado por el artículo 100 constitucional, son evaluaciones ordinarias, extraordinarias y de seguimiento.
Esta mal llamada reforma del Poder Judicial no fortalece a México. Se lo entregan a quienes han cooptado al Estado mexicano. Traicionan el legado de juristas que alguna vez los apoyaron, como nuestro maestro Elisur Arteaga o como Juventino V. Castro.
El Grupo Parlamentario del PAN votará en contra en honor a mentes brillantes y juristas, también legisladores alguna vez, como Don Miguel Estrada Sámano, Don Manuel Herrera y Lasso, Don Adolfo Christlieb Ibarrola, Efraín González Morfín, Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro y como nuestro constitucionalista Felipe Tena Ramírez.
Ellos se inspiraron y defendieron el Poder Judicial, y por eso estamos aquí, porque queremos la democracia, la justicia, en la libertad votaremos en contra.
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