Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2024

*INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, PARA FIJAR EL POSICIONAMIENTO DE SU GRUPO PARLAMENTARIO A LOS DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA RELATIVOS A LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL.*

 

DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ (LEGL): Con su venia, presidenta.

 

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional adelantamos y ha quedado claro que nuestro voto será en contra, y evidentemente no acompañaremos las leyes secundarias en materia de la reforma al Poder Judicial por los siguientes motivos:

 

En lo relativo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta propuesta, lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial y garantizar una justicia imparcial, pone en grave riesgo los principios fundamentales de un régimen democrático.

 

Lo anterior así, porque este ordenamiento, en los términos que se propone, debilita, por supuesto, al Poder Judicial, le quita autonomía financiera a nuestro máximo tribunal, así como también al Tribunal Electoral. Otorga facultades de investigación al Tribunal de Disciplina que no tiene límites claros en cuanto a su aplicación, pues se podrá sancionar por criterios discrecionales a los juzgadores que, a juicio de este propio tribunal, considere incorrectos, llegando incluso hasta su destitución.

 

Hay que decírselo a México, ¿qué tal el órgano de administración que se aventaron? Ellos no serán votados por la soberanía de este país. Y sí, sí van a ser elegidos por los cascajos del PRI que hoy están en Morena, pues porque al final de cuentas no representan otra cosa que las prácticas del pasado.

 

¿Y entonces dónde queda la autonomía e independencia judicial? Una de las características esenciales de un sistema de justicia democrática es la independencia del Poder Judicial. La iniciativa que se presenta realmente lo único que pretende es alterar la estructura interna del Poder Judicial con el objeto de concentrar el poder y lograr una subordinación al Poder Ejecutivo.

 

Estas propuestas son la prueba de la plena conciencia de un grupo de la mayoría que miente de manera compulsiva y sin pudor, así como el gobierno federal anterior y el actual, se la pasan mintiendo, repitiendo que el país está en paz, que no existen las masacres, que no hay delincuencia, que no se está adquiriendo deuda, que es falso que no haya medicamentos para las niñas y los niños con cáncer, que tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, que el Tren Maya no iba a tirar ningún árbol, que la refinería de Dos Bocas ya refina muchísima gasolina y que el AIFA está atiborrado de pasajeros y de vuelos internacionales.

 

También, compañeros, era falso, lo que ustedes quieren acabar es con la independencia de los jueces. Y entre tanta mentira del grupo de la mayoría ya no se sabe ni en qué país se vive, mucho menos saben lo que votan porque sí les dicen lo que tienen que votar a favor, y ustedes son súper obedientes.

 

En lo que conduce a la expedición de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, consideramos que esta propuesta, lejos de fortalecer la independencia del Poder Judicial, corre el riesgo de someterlo, y aún más a la influencia y el control del poder político.

 

En primer lugar, se debe señalar que la ley propone un sistema de evaluación y promoción de los jueces y magistrados que puede ser completamente manipulable y están sujetos a criterios que no necesariamente respetan su autonomía e imparcialidad, cualidades esenciales para una administración objetiva y justa.

 

El origen de este paquete de iniciativas está marcado por una clara intención de control político, y esto representa un gran retroceso, pues al intentar someter a los jueces y a los magistrados a criterios políticos y no a principios de autonomía e imparcialidad, se afecta directamente la calidad y la confianza ciudadana que tienen para la justicia.

 

Las presentes reformas, lejos de fortalecer el sistema de justicia, representan una distorsión del principio de independencia judicial. No podrán ser ni buscarán ser juzgadores por méritos propios, sino que, con el tiempo, compañeros, se verán obligados a militar en Morena, y si no al menos a caerle bien a alguno de ustedes que los podrá proponer.

 

Dos ejemplos: el primero, la operación tómbola tamal o la operación boing judicial para inflar los registros de quienes aspiraban a ser electos juzgadores de este país. Y no digan que no, porque ya varios de ustedes los escucharon por audios diciendo que se anotaran.

 

Y la segunda: pretende terminar con el nepotismo. Pero a ver, de los cientos de registros que existen, ¿cuántos más Batres, ¿cuántos más alcaldes, cuántos más Sánchez Cordero vamos a aguantar en este país? Aquí lo digo con toda claridad: su fórmula imperdible e inconfundible reza: 10% de capacidad y 90% de lealtad.

 

¿Cuántos de quienes sean electos en su vida han estado en un juzgado?

Pero a los que sí les van a pedir requisitos son a los que no los van a dejar ser juzgadores, ¿verdad? Porque tendrán que irse a ganar una elección si pretenden ser jueces o magistrados.

 

Por eso, el Grupo del PAN no puede estar a favor de estas propuestas de la oficialía. Lo que sí queremos es que se garantice la autonomía y la independencia de los poderes, así como fortalecerlos con un presupuesto mínimo del 1% fijado dentro de los presupuestos de egresos, lo que se propone es quitarles a los jueces la facultad para razonar, decidir y deliberar.

 

Probablemente, en el grupo de la mayoría esto sea su característica común y aceptada. Eso no puede admitirse en un partido democrático y promotor de los derechos humanos.

 

Sí, nos llamamos Partido Acción Nacional, y aquí está la gran diferencia del país.

 

Gracias, Presidenta.

 

 

 

---oo00oo---